Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Después de 52 años de sublevación y cuatro años de negociación el gobierno nacional suscribió con representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), un acuerdo final, plasmado en extenso documento, fundamentado en seis puntos esenciales; Reforma Agraria (Reforma Rural Integrada), Participación Política, Fin del Conflicto, Drogas Ilícitas, Victimas y Jurisdicción Especial para la Paz.
Aunque la mayoría de clausulas son repetitivas, enfatizan acompañamiento, direccionamiento y obligaciones hacia la población marginada, en derechos sociales elementales en salud, educación, vivienda, seguridad social y protección consagrados constitucionalmente.
El extenso documento, con ideología de participación comunitaria propias del socialismo del siglo XXI, otorga, a las comunidades implicadas activamente en el conflicto y poblaciones ubicadas en territorios controlados, por los grupos insurgentes, concesiones, prerrogativas, subsidios, entrega de tierras, bienes, servicios y reparación a víctimas, bajo pretexto de una paz duradera y estable, con cargo al desfinanciado y deficitario erario, sin que las FARC-EP aporten recurso alguno.
Los puntos acordados en la larga y ambiciosa lista de deseos son de obligatorio cumplimiento. La inobservancia y violación del mandato constitucional, que entregaremos en las urnas bajo la figura del plebiscito, daría por terminado el Acuerdo, generando constitucionalmente alternativas para el ingreso y participación en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Las reformas constitucionales más notorias, sin lugar a dudas, son la participación política de las FARC-EP y las concesiones otorgadas en la Jurisdicción Especial para la Paz.
La creación del nuevo partido político de las FARC-EP, su estructuración, divulgación (incluida adjudicación de radio comunitaria y canal institucional de televisión), garantías, protección a sus integrantes y financiación electoral, se harán con recursos de los contribuyentes. Mientras se fortalece dicho partido, el Acuerdo garantiza diez curules, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, a partir del 2018.
Además de la impunidad por delitos de lesa humanidad y narcotráfico, los cuales se han asimilado en el Acuerdo como políticos y conexos, se crea todo un nuevo aparato y estructura en materia de justicia garantizando posibles indultos, amnistías e incorporación integral a la sociedad civil.
Colombia ha sido un país en conflicto. Desde mayo de 1860, hace ciento cincuenta años, con el primer enfrentamiento armado entre conservadores y liberales, llevamos larga historia y prontuario de conflicto, enfrentamiento, guerra civil, algunas declaradas, otras no.
Absurdo pensar no anhelamos una paz estable y duradera y preferimos mantener el conflicto armado. El plebiscito anunciado y la pregunta expuesta como participación ciudadana a la refrendación de los Acuerdos de Paz no corresponde a la verdadera intención pacifista creada y generada en el imaginario y pensamiento colectivo de “Paz y Guerra”.
Votar por el SI o por el NO, es votar a conciencia por el cambio estructural y profundo de una reforma constitucional, sin discusión democrática alguna, sin apropiaciones presupuestales, basada, fundamentada y disfrazada en la intención de una paz estable y duradera.