Por Guillermo E. Ulloa T.
Era un hombre bonachón, de aguda inteligencia, buenas maneras, criado entre cañaduzales y dulce aroma de trapiche panelero. Agrónomo de profesión y campesino por convicción, había desempeñado laudable labor en la entidad ambiental regional y posteriormente encargado de compra de cosechas e importación de granos para una multinacional aceitera. Retirado ya, se dedicaba apasionadamente a cultivar el campo.
Un asoleado día de Agosto, hace catorce años, llegando a su finca del sur del departamento del Valle del Cauca, fue emboscado por un grupo subversivo anunciando su secuestro. Se habían camuflado por horas en improvisado cambuche en el cañaduzal, esperando consumar otro delito en el cruento, absurdo e inútil conflicto que Colombia libraba.
Sabía cómo actuaría y enfrentò valientemente sus secuestradores. En el cruce de disparos fue herido mortalmente y tendido impotentemente boca abajo en el piso del callejón cañero recibió el cobarde impacto de gracia perpetrado por los crueles asesinos que segaron su vida.
Murió valerosamente como el mismo lo había vaticinado. Siguió el ejemplo de otros hombres dedicados al campo, que como él, prefirieron enfrentarse a los guerrilleros, antes que permitir la más horrenda y humillante violación humana, la privación de libertad, secuestro y extorsión. Los integrantes de la célula guerrillera, que azotaba la región, huyeron cobardemente, dejando en total desolación su familia, allegados, colegas y amigos de este incansable e inocente hombre de bien.
Su crimen, como el de cientos de miles compatriotas, quedó en la impunidad.
Hoy se anuncia el fin del conflicto, que solo muertes alcanzó. La refrendación de los acuerdos firmados, a través de un plebiscito de una sola pregunta, de absurda y capciosa interrogación, es un ultraje a los inocentes colombianos de bien que fueron vilmente asesinados por balas subversivas.
Los acuerdos, firmados en la Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, celebrados pomposamente en diversos eventos, captando la frívola atención mediática, nacional e internacional otorgan incalculables beneficios a los verdugos de la pacífica convivencia colombiana, eximidos de condenas por atroces crímenes cometidos. La jurisdicción se entrega a instancias extranjeras simpatizantes, alejadas del medio siglo de conflicto y sufrimiento de la población civil.
La desmovilización y dejación de armas, del cansado y agotado ejército del pueblo, previsto en los acuerdos, no garantiza la entrega y desarme total de otras bandas criminales terroristas que aun sobreviven. Tampoco es clara la actuación de las autoridades, de seguridad y judicial, frente al multimillonario negocio del narcotráfico, hoy convertido en baluarte económico de las FARC.
Las facultades que se entregarían al Presidente para incorporar los acuerdos a la constitución, sin debate democrático parlamentario, es una transmisión de poder antidemocrática, que tan solo fortalece al naciente partido político y su lucha por el poder.
La campaña por el SI del plebiscito, financiada con recursos del erario, liderada por burócratas estatales, defendiendo sus propios intereses y puestos, más que ideología de nación, parece alejada de la realidad vivida por quienes perdimos seres queridos.
Votar NO, no es una acto de guerra, como se ha querido distorsionar. Es el anhelo y deseo de querer una paz equilibrada, sin entrega de soberanía y derechos constitucionales, logrados y luchados democráticamente, y que nos identifica como bastión republicano continental.