Por Carlos José Holguín
En lo que va corrido del año hasta el 15 de noviembre la policía ha reportado un total de 4.159 celulares robados en Cali, 776 más que el año anterior con un incremento del 23%. Si tenemos en cuenta que este es el delito que más se comete en la ciudad pero que menos se denuncia, podríamos estar hablando de una cifra de 12.000 celulares robados, más de 36 diarios.
Pero la realidad es que lo anterior ni es nuevo ni es solo de Cali. Es más o menos lo mismo que pasa en casi todas las ciudades y desde hace varios años. No fueron pocos los esfuerzos que desde el 2012 hicimos para intervenir y reducir esta modalidad delictiva que además de lo alarmante de la cifra es altamente letal.
Cuando diseñamos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana (PICySC) 2012 – 2015, esta fue una de las mayores preocupaciones, de allí la colocación de cámaras de video vigilancia en los llamados puntos calientes, el famoso plan semáforo, la iluminación de parques y zonas verdes, los allanamientos a los conocidos y muy concurridos sitios de receptación en los que eran incautados miles de celulares robados, se tomaron incluso medidas del orden nacional con los operadores de celulares para que crearan las listas de celulares robados, se obligó después de muchos aplazamientos a que se registraran los IMEI ( números de identificación de los celulares) con la finalidad de poder identificar los que eran robados y poderlos desactivar, lo cual de paso representaba pérdidas económicas para los operadores, pero se logró finalmente. Se adelantaron algunos contactos con países vecinos como Ecuador para atacar conjuntamente ese delito que evidentemente es transnacional, todo eso y más se hizo, pero los resultados siguen siendo terriblemente desalentadores.
Uno se pregunta qué ha fallado y creo que la respuesta no es otra que la falta de compromiso ciudadano. A pesar de que se hicieron algunas campañas encaminadas a generar cultura ciudadana que desestimulara la compra de celulares robados, incluso televisadas y polémicas como aquella en donde un celular sonaba a media noche y al ser contestado se oía un grito de terror y empezaba a salir sangre del celular que era robado, el mercado negro sigue campante y en permanente crecimiento. Esto es sin lugar a dudas lo que hace que este delito persista y que a pesar de todas las medidas tomadas no disminuya, sino que por el contrario aumente con la lamentable complicidad de una ciudadanía irresponsable e insolidaria.
Pero lo más grave es que a pesar de lo desmotivante de los resultados se ha bajado la guardia. Pasado ya un año del actual gobierno municipal no se sabe ni siquiera si existe un PICy SC en donde se mantengan y refuercen las estrategias contra este delito, lo único que se ha anunciado con gran pompa es la compra de un helicóptero para la policía y la incierta y costosa adecuación tecnológica que se le va hacer, ¿eso en que ayudara a evitar el robo de un celular?. Del plan semáforo no se volvió a saber nada, las campañas de cultura ciudadana tan importantes en esta modalidad de delito no existen. Por supuesto que esto también debe ser responsabilidad del gobierno nacional, el seguimiento a los operadores para saber si están efectivamente desactivando los celulares robados, los allanamientos y cierres definitivos de los sitios de receptación, las campañas de cultura ciudadana en los medios nacionales, pero nada, inexplicablemente este gobierno que dio inicio a esas estrategias las tiene hoy abandonadas.
Si queremos que este delito disminuya, que podamos transitar por las calles de la ciudad sin tener que hacer toda suerte de peripecias para esconder el celular, que no tengamos que seguir presenciando la muerte de personas por el absurdo robo de un celular, las autoridades todas tiene que recuperar y fortalecer estas estrategias y la ciudadanía asumir su responsabilidad y compromiso de no comprar celulares robados, es la única forma.