En medio de una verdadera carrera maratónica contra el tiempo fue aprobada en el Congreso de la República la denominada Reforma Tributaria estructural, que según varios analistas no constituye mas que un remedo de reforma a la espera de que para el 2019 se presente una nueva, ésta si de carácter estructural.
En esta ocasión no faltaron las componendas y los acuerdos por debajo de la mesa previos a los debates abiertos en el seno de las comisiones y de las plenarias de la institución congresional, en donde finalmente algunos sectores económicos y políticos obtuvieron la reducción de las tasas de tributación al gran capital, en tanto que sobre los pequeños y medianos propietarios de viviendas y negocios se descargó como era de esperarse buena parte de los impuestos, circunstancia ésta que se torna muy gravosa en la medida en que se profundiza el proceso de desaceleración económica que puede conducir al país a una crisis generalizada.
No obstante lo anterior serán los sectores populares y medios de la población quienes tendrán que contribuir con cerca del 60% del recaudo a través del IVA que pasó del 16% al 19% para todos aquellos productos, bienes y servicios que venían siendo gravados con este impuesto y de todos los que de ahora en adelante estarán gravados con el mismo, lo cual resulta contrario a los principios de equidad y justicia tributaria establecidos en la Constitución.
De esta forma aquel principio según el cual quien tiene mas debe pagar mas y quien tiene menos pagará menos, de que tanto se ufanan los ideólogos liberales, no deja de ser mas que una quimera en las condiciones de la sociedad capitalista en que vivimos en donde los mas pudientes son los que menos pagan impuestos, particularmente en Colombia en donde dichos sectores se las arreglan para evadir su pago con el argumento de que una tributación alta desestimula la inversión, genera desempleo y hace que las empresas se vuelvan menos competitivas en el mercado.
Mas allá de tales argumentos hay quienes insisten en que los ciudadanos deben contribuir con el pago de sus impuestos toda vez que dicha obligación les otorga el derecho a exigir al gobierno el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones, lo cual no pasa de ser una simple formalidad que en nuestro caso dista mucho de convertirse en realidad, en tanto los recursos del presupuesto que se nutren de los impuestos de los ciudadanos son utilizados para satisfacer necesidades e intereses de determinados grupos económicos, políticos y sociales mientras la inmensa mayoría de la población se encuentra expósita y desprotegida por parte del Estado.
Finalmente habrá que decir en términos generales que los cambios introducidos al proyecto original de la citada reforma, no son más que cambios para que en lo esencial todo siga igual en beneficio de los sectores mas privilegiados de la sociedad, al tiempo que la inmensa mayoría del pueblo colombiano no solo tendrá que sobrevivir y contribuir con sus escasos recursos a cubrir el hueco fiscal y presupuestal del gobierno Santos, sino que además tendrá que soportar a corto plazo la imposición de una nueva reforma, ya que el recaudo esperado no será suficiente para solventar el déficit que posee el gobierno nacional, ni tampoco poder incrementar el gasto social y menos sufragar el costo de los programas relacionados con el post conflicto.
Así las cosas, serán los ciudadanos quienes a través de sus organizaciones políticas y sociales valoren los costos de una reforma aprobada a las carreras que poco o nada ayudará a equilibrar las cargas económicas y sociales las cuales afectan directamente los intereses de la población sometida al imperio de un régimen impositivo, inequitativo e injusto, generador de mayor desigualdad social.
Que la PAZ, la convivencia y el Bienestar General para todos y cada uno de los lectores de caliescribe.com, columnistas, colaboradores y el director, se convierta en una realidad estable y duradera, es nuestro deseo a propósito de la Navidad. ¡Feliz Navidad!
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
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