Beatriz Eugenia Orozco tuvo la palabra en el asunto de la transición de vehículos de tracción animal. El Concejo de Cali escuchó a la directora del Dagma exponer el plan de implementación de la medida.
Tras su intervención, que dejó algunos claros y más de una duda entre los concejales, quedó claro que el gobierno municipal y los estamentos departamentales y municipales siguen dependiendo, para dar inicio a las etapas operativas, de una serie de avales del gobierno nacional, que terminan siempre por ser procesos que desde el municipio o los estamentos regionales ya vienen retrasados. Por eso mismo las medidas de implementación de este necesario paso adelante necesitarán de una prorroga por parte del gobierno nacional, la cual habrá que solicitar por los conductos regulares.
Una serie de consideraciones que debieron haberse hecho hace más de una década defendieron los postulados de la directora del Dagma. Algunas de sus palabras dejaron claro que habrá que tomarse por partes la aplicación total: “Este proyecto tendrá una adopción por fases, una con los recursos que ya hay previstos en el 2012 con el Dagma y otra fase de implementación en el 2012 y en el 2013 con los recursos que los concejales se van a comprometer a aprobar para este proyecto”.
Pese a la consulta que deberá hacerse en Bogotá, ya hay una legislación clara respecto al problema: El decreto 1666 ya reglamenta la movilidad de vehículos de tracción animal en ciudades grandes e intermedia, así como la sustitución antes del 31 de enero de 2012. Razón por la cual se presenta un retraso crítico en los tiempos por parte del Dagma y el congreso. Cuando ya el proceso debía estarse finalizando apenas está siendo discutido en los estamentos encargados.
Respecto a las implicaciones sociales habrá que decir que más de 200 carretilleros se reunieron para poner en claro su posición. Al respecto Beatriz Eugenia Orozco dice: “El deseo de esta Administración es llegar a acuerdos con la población que se va a ver afectada por esta norma, no imponer procedimientos porque nosotros entendemos que es una comunidad vulnerable, de bajos recursos económicos, y que vive de esta actividad. Si se le quita su medio de transporte, obviamente va a quedar sin con qué llevarle el sustento a sus familias, entonces el tema no es para tomar acciones de impacto a partir de una fecha límite de la norma, sino para hacer un plan de trabajo con ellos para buscar recursos, brindarles solución y hacer una verdadera transición que no sea de sea de mucho impacto para su bienestar y su economía”.
Sobra decir que es importantísimo para el proceso de desmonte de este oficio milenario el soporte a las familias afectadas desde una perspectiva legal. Es decir, la creación de leyes que protejan a esta población vulnerable del alto riesgo social al que quedan expuestos tras esta medida que parece no va a detenerse hasta verlos extintos.