Por Ramiro Varela M.
El director jurídico de la alcaldía de Cali, Abogado Javier Pachón se estrena como funcionario público anunciando el inicio del cobro de la contribución de la valorización, bajo la utilización de la herramienta jurídica del cobro coactivo, lo cual legalmente es improcedente, pues la administración municipal no ha cumplido con el mandato legal contenido en los Acuerdos 241 del 2008 y 297 del 2010, de iniciar la totalidad del plan de las 21 Megaobras en los dos años siguientes a la expedición del acto administrativo que ordenó asignar el valor de $869 mil millones como monto distribuible y en consecuencia no se puede cobrar coactivamente esos dineros. El Secretario de Infraestructura y Valorización Ingeniero Miguel Meléndez ya inició el cobro coactivo, mediante la distribución de cartas y las llamadas telefónicas que hacen parte de los procedimientos legales para adelantar el citado cobro. Indudablemente los ciudadanos deben oponerse dentro de las vías constitucionales y legales, por ser este cobro coactivo ilegal, como lo demostraremos.
La jurisdicción coactiva es la potestad que tiene el Municipio para hacer efectivo por su propio medio la obligación legalmente causada por la contribución de valorización para la construcción de las 21 Megaobras, a favor del erario público municipal, es decir que el Alcalde no tiene que recurrir a los estrados judiciales ordinarios, para hacer efectiva por la vía ejecutiva las obligaciones expresas, claras y exigibles. En el caso de la valorización en Cali, estas obligaciones no son claras y por lo tanto, los títulos ejecutivos no son exigibles.
La ilegalidad del cobro coactivo por Megaobras
La Administración Municipal pretende resolver su problema de ausencia de recursos económicos para terminar las Megaobras en construcción mediante el cobro coactivo, pues no tiene como pagarle a los contratistas de Megaobras las actas ya causadas por $80 mil millones, carece de disponibilidad presupuestal para contratar la 2ª fase por $252 mil millones y no tiene la capacidad financiera para cumplirle a los caleños el imperativo legal contenido en la decretación del plan de obras (Acuerdo 241 del 2008), de entregar las 21 Megaobras. Luego el Alcalde de Cali Rodrigo Guerrero, a través de su jefe jurídico Javier Pachón dijo: “vamos a ampliar muy fuerte el tema de cobro coactivo, la gente se tiene que comprometer con el Municipio y en parte el cumplimiento es pagar sus obligaciones…”.
La Alcaldía de Cali contrató obras por $569 mil millones para la 1ª fase de la fuente de recursos de la valorización y no pudo contratar la 2ª fase por $252 mil millones ante la ausencia de reserva presupuestal en los 2 años siguientes a la expedición del monto distribuible por $869 mil millones, luego no se puede cobrar sobre obras no contratadas ni construidas y por lo tanto desarrollar el cobro coactivo, sería el cobro de lo no debido. El Acuerdo 297 del 2010 es muy claro cuando determinó que el plazo máximo para iniciar la ejecución de las obras, era de dos años y no habló del paquete de 21 Megaobras ni de un plan de obras. Adicionalmente este Acuerdo fue expedido cuando ya se había iniciado la 1ª fase de Megaobras que son las que están en ejecución, luego dio el plazo para el resto de las obras, que son las de la 2ª Fase.
Pero la mayor ilegalidad consiste en hacer el cobro coactivo sobre unas obras que no tienen estudios y diseños, el ex-alcalde de Cali Jorge Iván Ospina alcanzó a sacar la licitación para realizar un contrato de concesión para la financiación, realización de los diseños definitivos y construcción de la 2ª fase de Megaobras, pero por falta de recursos presupuestales no pudo hacer la contratación. Igualmente la ausencia de estudios y diseños definitivos de las obras de 2ª fase la reconoció el Secretario de Infraestructura y Valorización Ing. Miguel Meléndez en el Comité de los representantes de propietarios de predios. Este paquete de Megaobras tiene que ver con los puentes de la Av. ciudad de Cali con la Carrera 1ª, en la autopista Simón Bolívar con Carrera 100 y el de Chipichape; así como la ampliación de la vía al mar, de la vía a Pance; la prolongación de la Av. Ciudad de Cali y los parques del rio Cali y de la Av. Roosevelt.
La comunidad debe oponerse al cobro coactivo
El alcalde Rodrigo Guerrero al iniciar el cobro coactivo, se está metiendo con más de 300 mil ciudadanos propietarios de predios en procesos ejecutivos que son morosos de la contribución de valorización. Esta jurisdicción coactiva es un privilegio legal para el Municipio de Cali, de perseguir a través de sus propios funcionarios el cobro de la valorización a su favor, pero la administración municipal no debe transformarse en un sujeto justiciable, luego su excepcionalidad que le da status de poder, está condicionada al estado social y democrático de derecho y en consecuencia no deberá terminarse, pues las excepciones podrán ser presentadas y deberán ser respondidas por la Alcaldía de Cali y en ultimas ser llevadas a la justicia ordinaria (Jueces Administrativos y Tribunal Contencioso Administrativo del Valle).
El ciudadano deberá de oponerse a este cobro, se le debe ayudar a proponer excepciones por el cobro de lo no debido, toda vez que la acción del Municipio tendría por objeto la cancelación total de las sumas a cargo del contribuyente para financiar el plan de las 21 Megaobras, pero como hay obras que no se pudieron construir ni contratar, ni se podrán ejecutar por este sistema de conformidad al Acuerdo 297 del 2010, alli nace una inexistencia de la obligación. Luego el titulo ejecutivo realmente no existe en el monto de los $869 mil millones que fue el monto inicialmente distribuido, luego el mandamiento de pago debería ser declarado nulo.
Propuesta de un Acuerdo de ciudad
Ante la extrema medida estratégica del Municipio de realizar el cobro de lo no debido mediante la jurisdicción coactiva, muchos ciudadanos que inclusive apoyaron al entonces candidato Rodrigo Guerrero sugieren la celebración pública de un acuerdo de ciudad, que contenga la legalización de todos los procedimientos irregularmente realizados, concertar un plan de obras con presupuestos definitivos. Para ello se requiere la definición de un plan de movilidad para Cali, originando de esta manera la construcción de unas obras prioritarias y a la que los ciudadanos deberían apoyar con su contribución legal.
Es de suma importancia que primero se determine la legalidad de la contribución de valorización y en consecuencia tener todos los estudios y diseños definitivos incluidos los costos finales de las obras. A partir de allí concertar la financiación, donde el primer componente debe ser la Nación, dentro del convenio del MIO , el aporte del Municipio, EMCALI y los ciudadanos. De lo contrario estarían proyectando una protesta ciudadana, que podría originar un levantamiento popular por los abusos cometidos en el proceso de la contribución de valorización en Cali y contra la improcedente acción del Municipio, de cobrar para las Megaobras lo no debido. Encarecida y respetuosamente, sugerimos la constitución de un dialogo de ciudad sobre este tema, con profesionales que tengan la entidad ante los caleños para adelantar los acuerdos y una vez concertados con la Alcaldía Municipal, sean puestos a consideración del Concejo Municipal por su competencia constitucional.