Mediante sentencia de primera instancia el Juez Mauricio Libreros Montoya del Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Cali, determinó avalar la posición del Municipio de Cali de liquidar, distribuir, cobrar y contratar las Megaobras por el sistema de valorización, sin estudios y diseños definitivos.
Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
El Juez señaló que “Las normas no exigen la existencia de la totalidad de los proyectos o estudios y menos de manera definitiva… los estudios hasta ese momento fueron suficientes e idóneos para determinar el monto global de las obras y los complementos realizados no afectaron el monto global a repartir y cobrar”. Que decisión tan alejada de la normatividad legal que rige para las obras que financian los ciudadanos por la contribución de valorización.
El Juez Libreros no quiso entender que las obras del sistema de valorización tienen una reglamentación especial y por lo tanto es el Estatuto de Valorización Nacional y Municipal quienes determinan el marco normativo como mecanismo legal para la construcción de obras que pagan directamente los ciudadanos. Adicionalmente y como si fuera poco, existe el Acuerdo 261 del 2009, que hace parte del estatuto de valorización de Cali, es muy claro cuando ordenó que las Megaobras tenían plazo final para terminar los estudios y diseños el 30 de junio del 2009 y esto no lo tuvo en cuenta en su sentencia el Juez . Así mismo el decreto 1394 de 1970 conocido como el Estatuto Orgánico de la contribución nacional de valorización o Estatuto de Valorización que reglamentó el Decreto 1604 de1976 y el Decreto ley 3160 de 1968, determinan que el valor a distribuir y liquidar contribución de valorización es el costo final del plan de obras. Y no solo es imperativo legal, si no que es lo lógico que al ciudadano se le cobren los costos de las obras.
Todas estas normas no han sido tenidas en cuenta en el fallo del Juez y más aun al pontificar que los estudios previos eran suficientes, dice una gran mentira, en razón a que los costos de las Megaobras fueron decretados en el Acuerdo 241 del 2008 y costaban $800 mil millones. Ocho meses despues cuando se expidió el Acuerdo 261 del 2009 el costo superaba los $1.3 billones y los Concejales “ muy orondos” explicaban que Emcali pagaría los servicios públicos y el Municipio de Cali el saldo. Ahora ni lo uno ni lo otro, pues las obras ya cuestan mas de $2 billones, entre costos de contratos, obras adicionales, sobrecostos e intereses de financiación.
Pero no habrá discusión sobre la semántica jurídica, hábilmente manejadas por los Jefes de la Dirección Jurídica de los alcaldes Ospina y Guerrero y para que no haya discusión, lo que con precisión vulnera el señor Juez en la citada sentencia es el y el art. 21 del Acuerdo 261 del 2009, que definió la fecha del 30 de junio del 2009 para terminar los estudios y los diseños definitivos del plan de obras.
Indudablemente las Megaobras no contaron con todos los estudios definitivos, inclusive las Megaobras que aún faltan por contratar de 2ª Fase, aun no tienen los estudios definitivos y esto es violatorio de las normas legales.
En esto el Sr. Secretario de Infraestructura y valorización Municipal Ing. Miguel Meléndez se convierte en cómplice de la violación de las normas citadas, pues aunque lo dice en privado y en público, ante los jueces no es capaz de sostener esa red de mentiras tejidas en el proceso de la valorización de Cali. Y que decir del Jefe Jurídico Abogado Javier Pachón, que hacen la defensa de su cliente el Municipio de Cali , que ha cometido demasiadas ilegalidades en este proceso y no de la defensa del interés publico como se lo ordenaron en su posesión al jurar cumplir la Constitución Nacional y normas legales . Por ello, es preocupante que no se defienda el interés general, pero finalmente la verdad prevalecerá en una de las 300 demandas que existen contra este proceso irregular.
Seguramente los accionantes seguiremos presentando las apelaciones respectivas hasta que brille la verdad en los altos tribunales. En defensa del interés publico y en cumplimiento de mis deberes como ciudadano representante de los contribuyentes, voy a presentar una solicitud de investigación disciplinaria y penal por el presunto delito de prevaricato contra el Juez Libreros Montoya, por apartarse del Estatuto de Valorización como marco normativo para planificar, reglamentar y construir obras por contribución de valorización municipal.