Por Claudio Borrero Quijano
El desplazamiento masivo hacia los grandes centros urbanos del país, ocasionada por la violencia en los campos condujo al hacinamiento, marginalidad, desempleo, violencia y asentuamiento de la extrema pobreza del 80% de la población colombiana, los campesinos, palenques, raizales, indígenas, despojados de sus tierras rurales o urbanas, marginados de la mesa de conversaciones por no estar agendada la usurpación de la materia prima, la tierra ejidal. La inamovible guía temática se convirtió en panacea inequívoca de prioridades sociales, lo que no significa QUE FUNCIONARIOS OFICIALES Y JUDICIALES CONTINÚEN PREVARICANDO.
Para el caso de Santiago de Cali habría sido de vital importancia agendar la temática como garantía de convivencia ciudadana en favor de 120.000 familias destechadas de estratos socio económicos pauperizados.
La agenda pactada por el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC, congeló a sabiendas la restitución de tierras ejidales urbanas, bienes de uso público destinados exclusivamente a la vivienda social conforme lo dispone el Código de Régimen Político Municipal.
Los “ejidos” usurpados por familias de abolengos de tradición bien apellidada, cuya avaricia insaciable no les permite ver la gravísima exclusión e injusticia social cometida, por inacción prevaricadora de autoridades locales y servidores públicos “Concejales” elegidos, convirtieron la restitución en un régimen contemplativo político que perpetua la inequidad sin permitirle a las pobrecías acceder a una justa democratización de la propiedad privada.
Nuestra Constitución declara los bienes de uso público ejidales imprescriptibles, inajenables e inembargables.