Por Oscar López Noguera
Luego de haber visibilizado la delicada problemática que en materia de Derechos Humanos ha venido afectando a Buenaventura, particularmente en los últimos dos años y de haber solicitado al Gobierno Nacional y al Estado en su conjunto soluciones de fondo para aliviar la violencia en el puerto, el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, regresó al puerto sobre el Pacífico para verificar los alcances de la intervención que diferentes instituciones vienen realizando para superar la crisis.
Otálora Gómez reconoció la reducción en los índices de muertes violentas y desplazamiento forzado durante los últimos días producto del refuerzo en la presencia militar y policial, así como los anuncios respecto a proyectos de inversión social, pero insistió en la necesidad de implementar una estrategia integral sostenible y de largo plazo al mando de un gerente o delegado presidencial que articule los esfuerzos de las entidades comprometidas.
El Defensor del Pueblo también señaló que si bien se percibe un alivio en la situación, no hay que olvidar que durante lo corrido de 2014 se han contabilizado 87 homicidios en Buenaventura, 8 casos de desaparición forzada incluidos los tres ciudadanos que desaparecieron el día que se llevó a cabo el último plantón ciudadano (dos aparecieron desmembrados), y cinco eventos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 24 de enero y el 14 de marzo, los cuales afectaron a 1.086 personas, pertenecientes a 360 familias.
El Defensor del Pueblo reiteró que en todo caso lo más importante es superar escenarios como el déficit de vivienda, que alcanza las 42.000 unidades en zona urbana, la deserción escolar que reporta índices del 25% en el casco urbano y 48% en el área rural, la escasa cobertura en salud que apenas cobija al 45% de la población y el acceso a servicios fundamentales como el agua potable que apenas llega al 55% de los hogares.
“Avanzar para resolver las necesidades de fondo que preocupan a la comunidad de Buenaventura, debe ser el eje de los planes de acción que se pongan en marcha”, afirmó el Defensor, quien garantizó el acompañamiento de la Institución y la vigilancia al cumplimiento de los compromisos que adquiera el Gobierno con los habitantes del principal puerto sobre el Pacífico colombiano.