Por Ramiro Varela M.
Representante de los propietarios gravados con valorización.
En esta semana les llegó la hora a los Concejales candidatos a la Alcaldía de responder por sus faltas en la aprobación de las 21 MEGAOBRAS y en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, las cuales descuidaron al permitir el cobro de valorización más alto en la historia de Cali. Esta cifra fue pagada por todos los ciudadanos propietarios afectados con la contribución, cuyo valor asciende inicialmente a $869 mil millones.
A quienes abiertamente se han postulado a la Alcaldía se les colocó un derecho de petición constitucional sobre el incumplimiento de normas legales. Todos ellos: Clara Luz Roldán, José Fernando Gil, Carlos Andrés Clavijo, Milton Castillón y Carlos Pinilla o no respondieron o, con la habilidad del vivo bobo, le trasladaron al Alcalde Ospina los requerimientos ciudadanos. Los Concejales deben recordar que las funciones constitucionales son para cumplirlas y que, al no contestar, nos tocó demandarlos con tutelas ante la violación de las normas, por lo que deberán de responder esta semana ante los jueces respectivos.
¿Por qué los Concejales-candidatos?
Por la razón de estar expuestos como aspirantes al primer cargo de la ciudad. Ellos, con los cuestionamientos que les está haciendo la comunidad, tratan de salirse hábilmente del chaparrón que se les vino encima. Claro está que son todos los 21 Concejales los que deben responderle a la ciudadanía, pero los que al miso tiempo son candidatos deben enfrentar con mas cercanía a la opinión pública. Lo insólito es que ninguno ha aceptado un debate público sobre el incumplimiento de las normas de valorización y de los mismos acuerdos que ellos aprobaron. Ahora sí están obligados a comparecer obligatoriamente en los estrados judiciales.
¿Qué es lo que no quieren responder los Concejales candidatos?
1. ¿Por qué las Megaobras están desfinanciadas? No hay recursos para terminarlas, en virtud de que las entidades comprometidas por el Acuerdo 241 del 2008 EMCALI y el Municipio de Cali, para su financiación, no han respondido. ¿De dónde saldrán los recursos o qué obras se recortaran?
2. Al aprobar obras por $680 mil millones y encontrar oficialmente irregularidades, denunciadas oportunamente por el Concejal Garcés Vernaza, como que su costo era ya de $1.1 billones al 30 de Enero del 2009 y $1.3 billones a Mayo 30 del 2009. Estos valores se han incrementado. ¿Por qué no le hicieron control a estas anomalías?
3. Por Acuerdo Municipal concedieron plazo al 30 de Junio del 2009 para terminar estudios y diseños, aún hoy varias Megaobras están sin los estudios definitivos. ¿Por qué no denunciaron la violación del acuerdo, que afecta a los contribuyentes, contando con que sus costos definitivos se desconocen?
4. ¿Por qué guardaron silencio los Concejales frente a la prima de éxito exagerada, pagada con recursos de los Caleños, al Sr. Rodrigo Cerón por estructurar Megaobras?
5. ¿Por qué no le hicieron control a la apertura y adjudicación de la licitación pública que otorgó las Megaobras a 3 concesionarios por $569 mil millones?
Así dejó de contestar Clara Luz Roldán
La Concejal-candidata simplemente no contesta al derecho de petición, radicado el 22 de marzo del 2011. Vulnera así la Constitución Nacional y, 1 mes después, está incursa en una falta disciplinaria gravísima. Su tutela cursa en el Juzgado 15 Penal Municipal, en donde se conocerá el porqué no le ha hecho control constitucional al Alcalde, respecto al excesivo incremento del costo de las obras en sus etapas de decretación en el Concejo Municipal.
José Fernando Gil envía respuesta pero no contesta preguntas
Demasiada parcialidad mostró en su respuesta El Concejal-candidato, violando la carta política. Deja responder la mayoría de interrogantes que se le hacen, situación que definirá el Juez 25 Civil Municipal, haciendo especial énfasis en el porqué de que no haya exigido el cumplimiento del Acuerdo 261 del 2009, que lo obligaba a exigir la terminación de los estudios y diseños de las 21 Megaobras al 30 de Junio del 2009. Por lo tanto permitió, al no efectuar el control que le correspondía, que el alcalde ordenara el cobro de una contribución de valorización ilegal.
Carlos Andrés Clavijo elude las preguntas y las remite al Municipio
Desconociendo sus facultades constitucionales, le envía al Secretario de Infraestructura las preguntas que sólo le corresponden a él como Concejal. Por lo anterior deberá defenderse ante el Juez 11 Civil Municipal y tendrá que hacer frente al proceso disciplinario correspondiente, una vez se surta el incumplimiento ante el juez constitucional. Omitió el control constitucional que le debió hacer al Alcalde, por haber pagado la irracional cifra de $5.368 millones como prima de éxito de las Megaobras, situación que fue de conocimiento público. Como vocero autentico de la comunidad ha debido exigir la revocatoria unilateral de ese contrato leonino.
Milton Castrillón evade las preguntas y las remite a Valorización
Como ponente de los 3 Acuerdos que le dieron vida jurídica a la contribución de valorización, él Concejal tiene toda la información correspondiente al caso. Esto lo obliga a contestar pero él elude los interrogantes remitiéndolos al Secretario de Hacienda, Infraestructura y Valorización, situación violatoria de las normas constitucionales que deberá ser definida por el Juez 7 Civil Municipal. Pero ante todo, como el mayor conocedor del sistema de valorización y sus obras, conocía las ilegalidades y se abstuvo de ejercer sus funciones de control político al gobierno municipal.
Eludió las preguntas el Concejal-candidato Carlos Pinilla…
Y se las envió al Municipio, desconociendo que aprobaron la financiación adicional con Emcali y el Municipio y ésta no aparece. Luego vulnera la jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo obliga a contestar. Esta situación deberá definirse con el Juez 8 penal Municipal, ante todo para decidir si le compulsa copia para su control disciplinario. Debe ser obligado a contestar, ante todo por qué, conociendo como todos los Concejales que dicho proceso no se sujetó al estatuto de valorización, prefirió quedarse callado y permitió que se diera apertura y se adjudicaran en licitación pública las 21 Megaobras.
Dra. Alma Carmenza Erazo debe definir si la valorización alcanza…
Para todas las obras, pues se cuestiona la viabilidad económica y financiera de las 21 Megaobras. Le corresponde a quien hace el control fiscal del Municipio, Dra. Alma Carmenza Erazo, antes de que cumpla su periodo constitucional el próximo 31 de Diciembre del 2011, definir qué pasó con los aportes comprometidos en el Acuerdo 241 del 2008. Estos obligaban al Municipio de Cali y a EMCALI a ayudar a financiar la contribución de valorización y la plata no aparece. Esta situación tan delicada para el Municipio de Cali debe ser inmediatamente resuelta por la Contralora Municipal.
Y el personero Dr. Manuel Torres…
Como encargado del control disciplinario del Municipio de Cali, deberá conceptuar sí los Concejales cumplieron el Acuerdo 261 del 2009, que en su artículo 21 y parágrafo único, obligaba a la administración municipal a terminar los estudios al 30 de Junio del 2009, lo que no ha sucedido, pues aún más del 50% de las 48 obras, que conforman las 21 Megaobras, se encuentran sin los estudios y diseños terminados. Le debe esta declaración a la ciudad el Dr. Manuel Torres como Personero Municipal.
Entratanto
1. El Alcalde ha confirmado que, a pesar de no existir la financiación de todas las 48 obras que contienen las 21 Megaobras, va a licitar el resto de Megaobras por $330 mil millones. Como vocero de los caleños le he pedido por escrito que no le haga ese daño al Municipio, ya que no hay dineros con que responder, pero que si llega a abrir la licitación pública con destino a la contratación, convocaremos a la comunidad para que nuevamente se movilice, en una jornada pacifica de protesta ante este nuevo atropello.
2. Ante la expedición del Acuerdo 185 del 2011, por el cual se le prorrogó un plazo a la administración municipal para licitar la Autopista Bicentenario, le solicitamos al Presidente del Concejo Municipal, el pasado 7 de Febrero del 2011, que nos informara por escrito por qué la autopista bicentenario fue aprobada sin estar en el Plan de Desarrollo, sin existir el estudio de factibilidad y afectando la franja de transporte masiva aprobada por el mismo Concejo Municipal desde 1978. El funcionario le remitió la solicitud al Alcalde Jorge Iván Ospina y hasta el momento, vulnerando el derecho fundamental, no hemos tenido respuesta. Será el Juez 15 Civil Municipal quien obligue a dar respuesta y señale los responsables de esta falta gravísima a nivel disciplinario.