Por: Raúl Tascón Reyes
Abogado especializado en derecho Inmobiliario y de Seguros
Impávidos y mustios permanecemos los colombianos ante la forma en que se aplica la justicia en nuestro país. La justicia ha perdido su independencia al punto en que muchos medios la denominan “justicia espectáculo” o “justicia politizada”; la justicia se ha transformado en injusticia e impera la impunidad, así parezca redundante.
Veamos las mal llamadas “megaobras” en Cali a la luz del Artículo 345 de la Constitución Nacional: “En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales, o por los Concejos Municipales, ni trasferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.”
En contravía el Alcalde y los Concejales de Cali, algunos de los cuales posan hoy de candidatos a redentores, han llevado a la ciudad a un estado de postración. Su mayor error: la aprobación de un mega fiasco, las megaobras. Un proyecto con diseños incompletos, sin plan de movilidad y sin estudios tan importantes como la capacidad de pago de los Caleños.
En Cali, desde hace más de dos años, una persona elegida por votación popular como representante de los propietarios de predios, el Ingeniero Ramiro Varela, con gran criterio de Ingeniero Civil, pero sobre todo como un hombre que conoce como el que más a la ciudad y sus problemas, se dio a la tarea de demostrar con fundamentos que los proyectos de las 21 megaobras no existían y tan sólo tenían unos bocetos que no permitirían cobrar la “valorización por beneficio general”. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, no solo de nuestro representante de propietarios, sino también de numerosos abogados interesados en el asunto, se cobro tal valorización en forma arbitraria y violando todos los preceptos y normas de la distribución de valorización. Posteriormente se dedicaron, el señor Alcalde y los Concejales a aprobar Acuerdos y Resoluciones, demostrando que las leyes que rigen la materia de valorización, no les importan en absoluto y menos aun lo establecido en nuestra Constitución Nacional, citado anteriormente.
Con tal motivo se incoaron (llevaron a cabo) numerosos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. Y a la par, aproximadamente 10 Acciones Populares, encaminadas a la protección de la moralidad administrativa; la anulación de los acuerdos que decretaron las megaobras y las resoluciones que decretaron la distribución de valorización por beneficio general.
Hoy, dos años después, nos encontramos con que en algún proceso que se sigue ante el Contencioso Administrativo, uno de los Magistrados que conoce, es el padre de uno de los funcionarios de la oficina Jurídica de la Alcaldía, designado por la actual administración. Esto no puede más que generar sospechas sobre el resultado de tal proceso, pues el Magistrado no se declaró impedido como debiera, en acatamiento a la Ley.
Sobre las Acciones Populares, procesos que tienen prioridad, su desarrollo debe ser breve y urgente. De lo que aquí se trata es de la violación de derechos fundamentales de los ciudadanos propietarios de predios. Derechos vulnerados una vez más por la paquidérmica actuación de los jueces de conocimiento, y la actuación de la jefe Jurídica de la Alcaldía. Los procesos se han ido dilatando. Esto ha hecho que se encuentren iniciándose unos y desechados otros, con una indebida aplicación del precedente jurisprudencial, que ha establecido que las acciones populares deben acumularse y no desecharse como lo han hecho apelando al “agotamiento de jurisdicción”.
Hoy la prueba de la improvisación de los funcionarios municipales se hace evidente en los informes que un medio de comunicación, con quien contratan la mayoría de su publicidad, en un absurdo despliegue, y con el convencimiento de que sus lectores somos tarados y tragamos entero, pretende informar que el contratista de la obra de recuperación de la Autopista Suroriental, quien debe realizar la recuperación de 46.500 metros cuadrados de la Autopista Sur, está entregando 600 metros, léase bien, SEISCIENTOS METROS cuadrados y que el avance es del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%). Mis matemáticas de Abogado, no me dan.
El 27 de mayo debió de celebrarse la audiencia de descargos del Alcalde Ospina ante el Procurador General de la Nación y confiamos en que la justicia deje de cojear y haya actuado.
Próximas entregas: Los procesos en contra del Alcalde de Cali, la contratitis de EMRU, Fondo para el deporte, Fondo Mixto para la cultura, Estadio, etc. Imposible no ocuparnos de ellos como símbolo de “la corrupción inherente al ser humano” (o lo que Juan Jacobo Russeau advirtió: “El hombre nace libre y la sociedad lo corrompe”); y su trato privilegiado por la justicia.