El primer gran desafío que tenemos en el marco de la justicia transicional es lograr el equilibrio entre justicia y paz.
Redacción
Colombia puede ensayar mecanismos de penas alternativas, diferentes a la privación de la libertad, sin violar la constitución, ni los tratados suscritos por el país en materia de Derechos Humanos. Así lo afirmó Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación.
Durante su intervención en el Segundo Foro Colombo-Alemán, Montealegre intentó responder a la pregunta: ¿Cómo los colombianos pueden forjar un equilibrio entre los derechos de las víctimas y el derecho a construir una paz sostenible, luego de un conflicto armado de más de 50 años?
Según el funcionario, el gran reto de la justicia transicional es buscar el equilibrio entre justicia y paz.
La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.
Por eso, el fiscal comentó que algunos sectores consideran que para efectuar este principio en el marco de la justicia transicional es necesario que las FARC o el ELN cumplan, al menos, algunos meses o años de prisión efectiva.
El fiscal Montealegre aseveró que, “en síntesis, la creación de penas alternativas para graves violaciones a los derechos humanos, distintas a la privación efectiva de la libertad, no viola la obligación internacional que tiene Colombia de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”.
En el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, el funcionario expresó que Colombia se encuentra frente a la posible solución del conflicto armado más viejo de América Latina.
“Si logramos desarticular por la vía negociada ese conflicto, el beneficio en torno de la paz justifica razonablemente emprender restricciones en materia de teorías tradicionales de retribución, propias del derecho penal tradicional”, acentuó.
Penas alternativas
En su opinión, esto implicaría imponer, en aras de la paz, penas alternativas no privativas de la libertad, aun tratándose de delitos de lesa humanidad, genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.
Además, durante su intervención, mencionó que el otro gran desafío que se tiene es analizar cómo todas esas estructuras que han surgido últimamente en el derecho penal internacional de los derechos humanos, distintas de las de imputación e investigación, propias del derecho penal tradicional, se incorporan en Colombia en el marco de la justicia transicional, para dar una respuesta a las víctimas en este contexto del conflicto armado.
Superar la desigualdad jurídica
Montealegre advirtió sobre otro valor constitucional clave para la superación del conflicto armado en Colombia: la seguridad jurídica.
Según él, Colombia tiene que inventarse un mecanismo de seguridad jurídica que implique que todos los delitos que sean investigados, juzgados y sancionados en la justicia transicional, cometidos por miembros de la guerrilla, de la fuerza pública o del paramilitarismo, tengan un cierre definitivo en materia jurídica.
Es decir, “tenemos que ingeniarnos un sistema de cosa juzgada total, que impida hacia el futuro la investigación y el juzgamiento de todos los delitos cometidos en el conflicto armado colombiano”, indicó el fiscal general.
Con este desafío que se espera para la próxima década, el fiscal culminó su participación en el “Segundo foro colombo-alemán. Reconciliación, responsabilidad y memoria: Experiencias alemanas y perspectivas colombianas”, organizado conjuntamente por el Gobierno alemán y la U.N., a través de la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE).