Por Luz Betty Jiménez/Pablo Borrero
Las políticas sociales del gobierno municipal acordes con las del gobierno nacional en materia de subsidios muy poco o nada han contribuido a resolver las desigualdades sociales, pobreza, desempleo, educación, salud, vivienda, etc.
Un ejemplo de ello lo constituyen los proyectos subsidiados de construcción de vivienda prioritaria y de interés social, que hasta el momento se han adelantado en Potrero Grande y otras localidades del sur y nororiente de la ciudad, los cuales no reúnen las condiciones habitacionales que demanda una vivienda digna y segura; además que la propia construcción deja mucho que desear por la calidad de los materiales empleados para su construcción, fuera de que en algunos casos no existen los equipamientos urbanos ni los establecimientos adecuados para la prestación de los servicios complementarios en salud, educación, recreación, etc. El déficit de vivienda en la ciudad hoy asciende a más de cien mil unidades y no se ha garantizado el suministro de los servicios públicos domiciliarios en los sectores más deprimidos de la municipalidad.
La construcción de este tipo de viviendas con destino a los estratos 1 y 2 no conllevan a la reducción significativa del déficit de vivienda en tanto que se amplía la brecha entre las familias carentes de vivienda y quienes poseen lujosas casas y apartamentos en los estratos altos de la ciudad. Es un hecho evidente que la población de Cali ha crecido considerablemente como consecuencia del desplazamiento generalizado en todo el país y la búsqueda de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida de parte de quienes proceden de diversas regiones de la nación, sin que el municipio tenga una oferta acorde con la demanda poblacional creciente.
Por otra parte, con la aprobación del subsidio del agua se busca garantizar a más de 800 mil habitantes de los estratos 1 y 2 el mínimo vital equivalente a 6 metros cúbicos de agua por mes, al cual se tendrá derecho siempre y cuando el usuario se encuentre a paz y salvo con el pago de la factura de los servicios públicos, lo que implica en la practica una restricción del derecho, de suyo ilegal e injusto en la medida en que no existe ninguna justificación para privar al usuario del mínimo vital que no debe entrar en la liquidación del consumo que exceda de dicha medida otorgada gratuitamente por el Municipio.
De procederse al corte de servicio de agua por el no pago de la factura respectiva, el gobierno municipal y EMCALI estarían desnaturalizando la política social en materia de subsidios y de alguna forma contraviniendo lo ordenado por la Corte Constitucional en esta materia.
Los subsidios a la educación tampoco han contribuido a mejorar la calidad de la misma ni han garantizado a los sectores vulnerables de la ciudad el acceso y permanencia en los centros de educación.
Igual ha sucedido con la salud en donde los recursos para subsidios no han mejorado la prevención, atención, diagnóstico y tratamiento de las patologías de los sectores a quienes van dirigidos.
Sin embargo, los subsidios si han servido para mantener una clientela electoral cautiva que garantizan la permanencia de la clase política responsable de las
Políticas públicas equivocadas que solo han generado mayores problemas sociales. De ahí que los ciudadanos deban estar vigilantes en el estudio del presupuesto para evitar que se continúe otorgando subsidios con criterio político y no social y de esta manera se despilfarran los recursos públicos.
La solución de los problemas de la ciudad deben suscitar un gran debate ciudadano que rebase las instituciones de la administración y del concejo municipal y se puedan realizar ampliamente en el seno de las organizaciones sociales y comunitarias con el concurso y la participación de los caleños que tienen el derecho no solo a reclamar el cumplimiento de la ley sino a exigir que la prestación de los servicios y la aplicación correcta de las políticas públicas se ajusten a los principios y valores del Estado Social de Derecho y no a la simple voluntad de los gobernantes que en todo caso no pueden hacer más ni menos de lo que establecen la Constitución y la ley.
Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social