Por Luz Betty Jiménez/Pablo Borrero
Las políticas sociales del gobierno del presidente Santos encaminadas a reducir los índices de pobreza y desigualdad social poco ó nada han contribuido a disminuir significativamente la brecha entre los pobres y los ricos en el país. Programas como entrega de viviendas gratis, continuidad de los programas de familias en acción, acceso al crédito para los campesinos, subsidios a los informales y del primer empleo, y en servicios públicos, etc., han llevado al gobierno a desnaturalizar la política social, convirtiéndola en la práctica en una política asistencialista mendicante, que en ningún caso sirve para acabar la pobreza sino mas bien para disfrazarla valiéndose para ello de la aplicación de una novedosa metodología estadística con base en la cual se establece que el ingreso de los pobres aumenta en promedio, pero claro está, mucho menos que el de las clases altas.
En Colombia el 10% de los hogares mas ricos perciben más del 40% de los ingresos laborales, en tanto que el 90% obtiene el 60% restante, con lo cual se descubre la desigualdad en el ingreso derivado de la concentración de la riqueza en pocas manos, el desempleo, la informalidad y los salarios de hambre que devengan los trabajadores.
La preocupación del gobierno Santos de reducir la pobreza y la desigualdad social no deja de ser más que un sofisma de distracción para asegurar el respaldo a su política social, cuyos resultados electorales se expresaron con la reelección presidencial, mientras que por otra parte se fortalecía la política neo-liberal de la confianza inversionista derivada del expresidente Uribe, dirigida a crear nuevas empresas, pleno empleo estable y bien remunerado con la cual supuestamente se reduciría la pobreza y la desigualdad social en el futuro mediato.
El hecho real es que la economía se mueve impulsada por el incremento de la minería legal e ilegal, la construcción particularmente de viviendas de interés social y el desarrollo de los servicios de todo lo cual se benefician los monopolios que integran el gran capital financiero nacional e internacional. Mientras tanto decae la industria y la agricultura que tiende a extinguirse frente a la competencia extranjera, al tiempo que los salarios de los trabajadores crece por debajo de su capacidad de compra en el mercado, los TLC afectan directamente la economía nacional que se vuelve más dependiente de la economía de otros países, a lo que habrá que sumarle el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública además del aumento de los impuestos en contra de los sectores populares y medios de la población.
La solución de los problemas del país en materia económica, política y social han generado un gran debate ideológico y político fundamentado en diversas teorías y conjeturas difundidas por los ideólogos y propagandistas del régimen, que de esta manera tratan de distraer la atención de los colombianos de sus verdaderos problemas. Así por ejemplo hay quienes insisten en que las desigualdades y desequilibrios sociales se pueden resolver con una mejor distribución del ingreso. Otros consideran que la solución depende exclusivamente del desarrollo tecnológico generador del crecimiento económico y social. Así mismo hay quienes ven en las reformas económicas, financieras, cambiarias, tributarias, etc., la mejor forma de distribuir la riqueza social convirtiendo a Colombia en un país de muchos propietarios. El presidente Santos ha planteado con base en la teoría de la Tercera Vía la necesidad de la colaboración entre las clases y la paz social como base para solucionar los problemas del país, claro está sin que se afecten los cimientos económicos y políticos en los cuales se asienta el sistema.
La liberación de la miseria, la pobreza y la desigualdad social solo es posible en la medida en que se modifiquen de una parte las condiciones económico-materiales en que vive el pueblo colombiano, ligadas con la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios sobre bases diferentes a las existentes en la actualidad, y de otra parte se intensifique la lucha política democrática por el acceso al poder del Estado para desde allí hacer las reformas y transformaciones que demanda la nación en donde el Estado exprese por igual los intereses comunes de todos los ciudadanos incorporándolos a la solución de sus problemas en medio del ejercicio de sus derechos y libertades democráticas, la paz con justicia social, el progreso y el bienestar general.
Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social