Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El desarrollo y progreso de Cali se identifica a menudo con la simple construcción de vías, puentes y en general con obras de infraestructura vial, que si bien es cierto contribuyen al crecimiento urbanístico de la misma, pero se no genera progreso social, económico, ambiental, cultural que constituye uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, lo cual debe ser objetivo esencial de la función pública en tanto, para el momento actual arrojan muchos interrogantes que la administración no ha sido capaz de responder adecuadamente en la forma como lo exigen los ciudadanos.
Algunos de estos interrogantes se refieren concretamente a los siguientes aspectos: Primero, quien pagará los sobrecostos generados con la construcción de las 21 mega-obras correspondientes a la primera y segunda fase? Como se sabe en la actualidad existe un déficit que según un informe de la personería municipal sobrepasa los 317 mil millones de pesos y corresponden a algunas obras de la segunda fase del respectivo plan. De acuerdo con lo aprobado por el Concejo Municipal el costo de las 21 mega-obras era de 860 mil millones de pesos incluyendo la participación de EMCALI equivalente a 160 mil millones de pesos. Sin embargo el costo total de las obras sobrepasa hoy en día el billón doscientos mil millones de pesos.
Así las cosas, cuánto más en materia de sobrecostos tendrán que pagar los caleños por cuenta de las citadas obras con las cuales las dos últimas administraciones aparecen comprometidas y de hecho son producto de la improvisación y de la falta de estudios y diseños coherentes con otros aspectos relacionados con el urbanismo moderno y de carácter social?. Si bien es cierto a los contribuyentes de valorización no se les cobrará de manera directa los sobrecostos de las obras, estos si se computarán con cargo al presupuesto municipal que se nutre con los impuestos que pagan los caleños, los cuales no podrán destinarse a atender los servicios públicos de salud, educación, vivienda, recreación, seguridad por cuanto tendrán que aplicarse al pago de los sobrecostos de las mega-obras. En tales circunstancias los caleños están condenados a vivir en una ciudad muy costosa en la que se incrementarán las desigualdades sociales y la falta de equidad en el manejo de lo público.
La segunda inquietud que alberga la conciencia de los caleños se refiere al punto de la movilidad utilizado como argumento central por la administración anterior para justificar la ejecución de ciertas obras como el hundimiento de la avenida Colombia que además del 98% de sobrecosto y dejar “embotellado” al oeste de la ciudad, en poco tiempo dejará de cumplir con su cometido de fluidez del tránsito vehicular debido al crecimiento de la ciudad que actualmente genera trancones especialmente en las horas pico, con accidentes y cuando llueve intensamente.
En tercer lugar, los caleños se preguntan sí todas estas obras que se han construido y se piensan construir responden al interés general de los ciudadanos ó por el contrario obedecen a las presiones al gobierno municipal de ciertos grupos económico-gremiales como la Cámara de Comercio y la Cámara
Colombiana de la Construcción para contratar la ejecución de un sinnúmero de obras que tal como fueron concebidas y diseñadas muy poco le servirán a la ciudad para atender sus problemas de movilidad y desarrollo ante el crecimiento inusitado y masivo del parque automotor en medio de una ciudad con un área disponible relativamente pequeña en donde permanentemente se presenta congestión del tráfico, además de generarse mas contaminación y polución ambiental en todo su entorno territorial. Nadie más que los caleños tendrán que apersonarse una vez más de los asuntos de la ciudad y para ello será menester que se organicen, movilicen y estén dispuestos a escoger entre los mejores ciudadanos sus verdaderos representantes encargados de dirigir y administrar los asuntos públicos, ya que de otra manera estarán condenados a pagar el precio de vivir en una ciudad ajena a sus intereses y necesidades, en donde se viene imponiendo un tipo de “progreso” mediatizado por el interés particular disfrazado de interés general de parte de algunos sectores privilegiados de la ciudad.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL