Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle, y Profesor Titular (Jubilado) de la misma. Docente en la San Buenaventura y la Javeriana de Cali, el Taller Internacional de Cartagena y la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá, e Isthmus Norte, en Chihuahua. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona.
Sin duda el problema de este país es la precariedad de su justicia, como lo ha señalado, entre otros, German Patiño (El País, 03/11/2014); desde las leyes mismas hasta su Policía, pasando por los congresistas encargados de hacerlas y los jueces comisionados para aplicarlas. Y lo mismo pasa con sus ciudades; desde los que hacen sus normas urbano arquitectónicas hasta los encargados de su vigilancia, pasando por los autorizados ha hacerlas cumplir.
Dos carencias estrechamente interrelacionadas, empezando porque la Policía no se ocupa de vigilar el uso permitido del espacio publico, incluyendo el de las construcciones que lo conforman, como igualmente que el equivocado diseño de este dificulta su vigilancia, impidiendo evitar así muchos de los delitos que se comenten en el, cuando no es que directamente los facilita, la mayoría se comenten en él, mucho mas de lo que se suele pensar.
Ciudad y justicia, puramente humanos, se impusieron desde el poder por reyes, sacerdotes, oligarcas, sobre los demás, el pueblo, mediante su guardia pretoriana y sostenidos por una aristocracia. Pero la democracia trata desde Grecia que los asuntos judiciales y urbanos sean concebidos y aplicados para todos, lo cual implica dificultades y deficiencias iniciales en estos países que pasaron en unos pocos años de ser colonias a republicas.
Y en un país cuya población crece aceleradamente y que se urbaniza tan rápido y tan recientemente, como Colombia, no hay tiempo para que las ciudades y la justicia se estabilicen poco a poco. Y menos si no se las considera como lo fundamental, como lamentablemente está sucediendo en las eternas conversaciones en la Habana, en las que se habla a fondo de justicia, muy poco de ciudades y prácticamente nada de su interrelación.
Finalmente, el hecho contundente es que sin justicia para todos y sin mejores ciudades no será posible la paz en Colombia; pero sobre todo sin que se considere siempre su estrecha interrelación, como equivocadamente suele suceder pues se consideran cada una por su lado por profesionales tan diferentes como lo son arquitectos y abogados, en cuyos estudios no tuvieron ninguna relación.
La pertinencia de todo lo anterior se puede inferir del hecho de que la seguridad en las ciudades intermedias, que no han crecido tanto ni tan rápido, es de lejos mejor, y que analizadas con los indicadores del caso son superiores socialmente como también su arquitectura común y su urbanismo mas tradicional. En conclusión, hay que favorecerlas preferencialmente.
Por ejemplo las del valle del río Cauca pero evitando que tomen el rumbo de Cali. Y que esta ciudad pare de crecer y se reorganice en cinco sectores urbanos con sus respectivas alcaldías menores. Y por supuesto mucha educación que les permita a sus habitantes adquirir una cultura ciudadana; es urgente antes los graves problemas que traerá el cambio climático y la sobrepoblación del planeta en las próximas décadas.
Como dice Luis Alberto Moreno (Ciudades Emergentes y Sostenibles, BID, 2011): “Todos sabemos lo que pasó en América Latina cuando combinamos crecimiento rápido con una mala planificación, falta de inversión en infraestructura y poco respeto por cuestiones ambientales y del clima“. Así, las ciudades intermedias pueden aprender de estas equivocaciones para su desarrollo sostenible y equitativo.