Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La crisis ambiental por el intenso verano que azota a varias regiones del país entre ellas al Valle del Cauca y Cali, disminuyendo los niveles en el caudal de los ríos y sequía de otros, trayendo como consecuencia la aplicación de una serie de restricciones y racionamientos en el uso y distribución del agua, no ha servido para que los gobiernos departamental y municipal al igual que los candidatos a la alcaldía y gobernación del Valle examinen en primer lugar, las causas que afectan la cantidad y calidad de las aguas, y en segundo lugar, las medidas que deben adoptarse para garantizar el abastecimiento teniendo en cuenta que la ciudad y la región tienen el privilegio de una gran riqueza hídrica con el nacimiento de varios ríos.
Los problemas más agudos que afrontan Cali, el Valle del Cauca y algunas regiones del país tienen que ver con el agotamiento cuantitativo y cualitativo de los recursos hídricos siendo varias las causas de ésta situación atinentes a la contaminación con mercurio que ocasiona la minería, la utilización de los ríos y cuencas para la evacuación y disolución de las aguas residuales con la consiguiente contaminación del medio natural, la deforestación de las cuencas y de las áreas protegidas.
En todo esto tienen una gran responsabilidad económica, política, social y ambiental, no solo la industria especialmente química y por supuesto el crecimiento espontáneo y desordenado y/ó dirigido de la población, sino los gobiernos que estimulan a través de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial el crecimiento intensivo y extensivo del urbanismo en las zonas en donde están localizadas las principales fuentes hídricas que surten del agua a la comunidad.
La imposición de un modelo urbanístico sustentado en la economía de servicios y extractiva (eco turística, gastronómica, habitacional y minera), ha permitido que el agua se convierta en un negocio que amenaza al medio natural y en el caso de Cali el parque Nacional de Los Farallones y la Reserva Forestal que regulan el clima de la ciudad y es la fuente hídrica de nuestros ríos tutelares tributarios del Rio Cauca y del Pacífico, los cuales deben ser protegidos de los cambios y transformaciones del uso del suelo y subsuelo definidos lamentablemente en el actual Plan de Ordenamiento Territorial, sin ajustarse a los requerimientos de la Constitución y la ley que buscan proteger el agua como patrimonio público de los caleños y vallecaucanos, que hoy están en riesgo de padecer los rigores del clima, la contaminación y la escasez del agua.
Las autoridades y funcionarios de la CVC y el DAGMA han sido inoperantes y permisivos frente a la ocupación de la zona de reserva forestal y del Parque Natural Los Farallones al permitir la deforestación no obstante que desde la década de los años 40 la Nación cedió al municipio de Cali los baldíos que conforman dichas zonas con la condición de protegerla y evitar en el futuro la escasez de agua en Cali.
Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del presidente Santos para el período 2014-2018 se estableció el compromiso de reducir la deforestación, incrementar las áreas protegidas y restaurar el bosque degradado, estas no son más que frases en la medida en que no se proyectan políticas ni recursos económicos para su cumplimiento.
Es imperativo exigir del gobierno municipal y de quien resulte elegido alcalde, que se adopten soluciones que tengan por objeto, por ejemplo, la evacuación de los drenajes residuales que se hacen actualmente a los ríos y embalses, la utilización de las aguas lluvias y subterráneas, el control al desbordante desarrollo urbanístico en las zonas en donde tienen su origen nuestras fuentes hídricas, la reforestación de las áreas de reserva y del Parque Natural los Farallones, en la seguridad de que por éste camino no solo se protegerá el agua como patrimonio de todos los ciudadanos sino que además será posible lograr un empleo racional de dicho recurso y del medio natural que nos rodea.
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