Por: Emilio Escobar Gutiérrez
Es bien sabido que los ciudadanos corrientes estamos en una inmensa desventaja frente al Estado y que existe una gran inequidad en la relación entre estas partes.
El Estado IMPONE, el ciudadano ACATA… El Estado LEGISLA, el ciudadano CUMPLE… El Estado DOMINA, el ciudadano se SOMETE. En principio, estas premisas son la base de la gobernabilidad, pero el abuso de los funcionarios termina desdibujando las buenas intenciones con las que fueron creadas. Y es que los elegidos o nombrados en los cargos públicos en nuestro país, por lo general, se sienten omnipotentes, dueños de voluntades y bienes, convencidos que son los privilegiados que pueden obrar, preferentemente, en beneficio de su grupo político, de sus amigos y familiares, con capacidad para cambiar leyes y procedimientos a su amaño para lograr sus objetivos.
La suma de esas actuaciones dan como resultante, una desesperante inequidad mediante la cual el ciudadano corriente se ve asfixiado por obligaciones, exigencias, amenazas y procesos en su contra que terminan deteriorando su calidad de vida. Así operan los entes fiscales como la DIAN y los administradores de Hacienda Pública que han sido diseñados, antes que todo, para ejercer una acción coactiva, presumiendo siempre la culpabilidad de quien por una u otra razón “incumple” con sus múltiples requisitos y exigencias, olvidando el acompañamiento y asesoría que debe darse al contribuyente para que cumpla con sus obligaciones fiscales.
En estos últimos días se ha visto una intensa actividad en Hacienda Municipal en persecución de presuntos “evasores” de impuestos, proceso que involucra a personas independientes de bajos ingresos que no tienen una actividad mercantil establecida y que logran su sustento prestando servicios a personas naturales o jurídicas, quienes por Ley están catalogados como exentos de obligación de presentar declaración de impuestos de Industria y Comercio, imputándoles supuestas extemporaneidades y moras en pagos, con la consecuente sanción con multas exorbitantes, sin recibirles después solicitudes de reconsideración ni reconocerles su derecho al justo reclamo. Es palpable la desesperación de la actual Administración Municipal por hacerse a más ingresos de dinero ante su evidente déficit de Tesorería generado por el despilfarro y las inversiones en costosísimos proyectos, que no contaban, en su momento, con las fuentes de financiación adecuadas.
Además, es muy conocido el tradicional incumplimiento y demoras en los pagos de entidades estatales a sus proveedores, sin reconocerles por ello compensaciones económicas, pero en cambio, ante cualquier retraso en algún pago de sus subyugados contribuyentes, aplican intereses acompañados de abusivas sanciones, generalmente sin “derecho al pataleo”.