Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Hace veintiún años, en calidad de Gerente del Instituto de Vivienda de Cali, INVICALI, tuve el histórico privilegio de recibir a favor del Municipio de Cali, el primer millón cuatrocientos mil metros cuadrados correspondiente a la transacción de terrenos ejidales de Meléndez Sur.
Culminaba exitosamente la persistencia jurídica de más de treinta años, emprendida por Hernán Cruz Riascos, apoyado por ilustres juristas como Omar Díaz Aparicio, experto erudito ejidal. Posteriormente el municipio recibió, aproximadamente ochocientos mil metros cuadrados, en procesos transaccionales de predios aledaños, de las familias Varela Lourido, Morimitsu y Escobar.
Después de dos décadas, la administración municipal ha dado la espalda al desarrollo de estos terrenos, sin colocar el primer ladrillo. Con ello, desconociendo la finalidad ejidal, remontada a la época colonial, destinada al usufructo de vivienda, hoy conocido como de interés social o prioritario, cuyo déficit cuantitativo supera las 130 mil viviendas.
Hace dos años el Ingeniero Claudio Borrero, poniendo en riesgo su vida, logró la restitución de aproximadamente cuatro millones doscientos mil metros del ejido Pedregosa y Cañaveralejo, engrosando una inconmensurable fortuna en bienes raices, a favor del municipio, que redunda en el robustecimiento de sus finanzas.
Sin embargo, funcionarios de Planeación Municipal, Secretaria de Vivienda y Hacienda, acolitados por el Concejo Municipal, han dejado pasar históricas oportunidades para generar polos de desarrollo, expansión planificada y bienestar social.
Igual sucede con el cobro de plusvalía, decretado por acuerdo municipal 111 de 2003, con ponencia del ex concejal Marco León Villegas, mediante el cual debe grabarse fiscalmente, a manera de tributo sobre el mayor valor comercial de los terrenos generado en virtud del accionar expansivo o normativo municipal.
La administración cuenta con poderosas herramientas que permiten apalancar y destinar cuantiosos recursos destinados a los requerimientos en inversión social e infraestructura.
La creatividad financiera de la Secretaría de Hacienda no puede limitarse a fuentes convencionales tributarias. Debe explorar las infinitas posibilidades en su extenso portafolio de activos reales, normativos y jurídicos.
Más de seis millones de metros cuadrados por desarrollar, un cobro por plusvalía aplicable a la re densificación urbana y futuras aéreas de expansión en el corredor Cali-Jamundi, adicionado a cobros por descongestión vehicular, no solamente imputados al tráfico hacia el centro, sino además al enorme flujo vehicular flotante que genera la Comuna 22, son algunas iniciativas que debe emprender la administración conducentes a su fortalecimiento fiscal.
Lamentable y deplorable que la consagración de toda una vida de ilustres ciudadanos en beneficio de justicia social quede engavetada y archivada en los anaqueles de la desidia administrativa estatal.