Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Tanto en el preámbulo de la Constitución como en el artículo 13 de la misma se establece en términos generales que todas las personas son “iguales ante la ley” y gozan de los mismos derechos y oportunidades y no pueden ser discriminadas por razón del sexo, raza, familia, edad, idioma, ideología política o religiosa, en tanto que el Estado se compromete a promover y garantizar las condiciones necesarias para que la igualdad sea compatible con una sociedad mas justa y equitativa en materia de ingresos y oportunidades de trabajo, de acceso a la propiedad, la educación, la salud, la vivienda y el ejercicio de los derechos políticos en materia de participación democrática de los ciudadanos en todos aquellos asuntos de interés general.
Han transcurrido más de 30 años desde que se aprobó la Constitución en Julio de 1991 bajo la consigna del entonces presidente Gaviria de “bienvenidos al futuro”, sin que hasta la presente se haya logrado materializar dicho compromiso formal, el cual se ha venido desnaturalizando con el aumento de la pobreza y la desigualdad económica y social entre las diferentes clases y grupos sociales e individuos que hoy se enfrentan en la lucha social por el predominio del poder económico y político, en medio de una sociedad cada vez mas polarizada y, un Estado presentado por el gobierno de turno como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, que en la actualidad son objeto de la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política al tiempo que crece en las ciudades y en los campos la desigualdad con 20 millones de colombianos en estado de pobreza, entre tanto una parte considerable se mantiene en la informalidad en casi un 50% de la población y la otra teme perder su estabilidad laboral a partir de las nuevas reformas que se han puesto en marcha en el campo laboral.
Esta circunstancia tiende a incrementar la brecha entre lo formal y lo real, la igualdad y la desigualdad económica y social en una sociedad en donde coexisten dos realidades antagónicas y contrarias que no se podrán superar simplemente a partir de las propuestas de los empresarios de la ANDI a los candidatos presidenciales, encaminadas supuestamente a derrotar la pobreza mientras se impulsa la actividad empresarial, para lo cual se debe avanzar en el dialogo social para impulsar las reformas en materia laboral, pensional, tributaria, entre otras, que según se dice requiere urgentemente el país.
En este caso, la preocupación de los gremios empresariales de reducir la pobreza conjuntamente con la necesidad de impulsar la reactivación económica, no deja de ser más que un sofisma de distracción mientras subsistan las causas que originan dichos fenómenos sociales y por tanto el camino a seguir no dependerá de implementar políticas reformistas y populistas para encubrir la pobreza y la desigualdad social bajo otras formas y modalidades, sino de cambiar las relaciones económicas, políticas y sociales en que viven los colombianos impuestas por quienes detentan el poder del Estado que no expresa por igual los intereses comunes de todas las clases y grupos sociales, siendo la desigualdad económica y social una constante del capitalismo derivada de la concentración de la propiedad privada en pocas manos, con lo cual resulta imposible garantizarles a los ciudadanos comunes y corrientes sus derechos a la igualdad aún dentro del marco del Estado Social y democrático de Derecho, ni de las ventajas aparentes que brinda la democracia liberal o, Social Demócrata de derecha con sus libertades formales e instituciones al servicio del poder económico y político que cada vez apartan al pueblo de la posibilidad de participar en la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad con miras a construir una sociedad más justa y equitativa, ajena a toda nivelación o estandarización social de los individuos, con lo cual se relegan a un segundo plano las capacidades, conocimientos, experiencias, diferencias propias de las personas.
La construcción de la igualdad real es por consiguiente inseparable del proceso de democratización de la vida estatal y social, siendo las personas que viven en lo fundamental de su trabajo, la base esencial de la construcción y desarrollo de una nueva sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social