Palabras de Alexander López
Ciudadanos y ciudadanas de Cali, de manera pública hoy nos declamáramos en rebeldía democrática ante la profunda crisis que vive nuestra ciudad y ante todo por las descaradas alianzas y maniobras politiqueras y corruptas las campañas por la alcaldía de Cali; Votaremos en blanco el 27 de octubre de 2019, para el cargo de Alcalde de nuestra ciudad; toda vez que candidaturas opcionadas por las encuestas no garantizan un gobierno transparente, honesta y justo. Estas candidaturas por la alcaldía de Cali, están estrechamente penetradas por los núcleos de poder económico en la ciudad y la región, que por años han tomado la gestión y los dineros públicos para sus intereses particulares, en detrimento de los caleños cada vez más empobrecidos, marginados y agobiados por estas castas que se han apoderado de nuestro territorio, para apalancar y rentabilizar sus empresas, patrimonios y negocios, haciendo de la administración pública su mayor apuesta al amparo de la más vergonzosa impunidad.
Estas candidaturas ampliamente ponderadas por medios de comunicación y grandes encuestas para direccionar la opinión pública están articuladas por clientelistas y demagogos para ocultar las históricas actuaciones lesivas contra la ciudad de grupos políticos que han lesionado el patrimonio público de los Caleños y Vallecaucanos, en evidentes casos posan de independientes y alternativos sin serio ni hoy ni en el pasado. Este es el caso del candidato de Jorge Ivan Ospina, quien en el pasado lidero el Plan de Privatización del patrimonio de la ciudad atacando las áreas estratégicas de Emcali, al subastar Termoemcali por menos del 30% del final de la inversión realizada en térmica por los caleños, también intento avanzar en la privatización del área de telecomunicaciones al crear una filial sociedad por acciones para escindir el componente de teléfonos de Emcali, este trámite se puede probar con los acuerdos municipales 274 y 275 de 2009 respectivamente, en su gobierno también se perdió la posibilidad de operar de manera directa la gestión de residuos sólidos por el municipio, entregándolo a operadores privados, privatizando un servicio que debe ser público.
En la administración Ospina se dio igualmente la liquidación apresurada del operador público de salud Cali Salud que aseguraba mediante coberturas públicas a más de 600.000 afiliados en el área metropolitana. Con el grabe antecedente del paso por el Hospital Universitario del Valle donde fomento la tercerización y las nóminas paralelas mediante la utilización extensiva de cooperativas de trabajo asociado.
Este proyecto, es el mismo que en su primer gobierno impuso a la ciudad en el año 2008 la contribución general por valorización sobre la propiedad de la vivienda de los caleños para financiar mediante impuestos directos al patrimonio de los hogares el paquete de las 21 Megaobras, cuyo resultado a la fecha de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura municipal, presenta solo ocho obras entregadas, cuatro en ejecución, seis están ejecutadas parcialmente y otras tres que ni siquiera están en plan de licitarse, siendo más grave aún que al momento de la aprobación del paquete de obras, estas tenían un costo inicial de $9.300 millones incluidos los gastos de administración, valor que a la fecha se ha incrementado en más de un 300% ya que el valor final proyectado es de $2 billones de pesos, todo a cargo de los bolsillos de los caleños. Además de los sobrecostos en las obras hay un grave daño patrimonial a los ciudadanos que según reporte la secretaria de hacienda Municipal son 81.860 los predios que deben contribución por valorización y suman $375.837 millones de cartera por Megaobras, de estos deudores 79,836 son predios urbanos y 2024 son rurales, hay 62.672 procesos persuasivos que suman $247.111 millones, pero también se han emitido 19.188 acciones de cobro coactivo por el orden de $128.726 millones. En total, por no cancelar la valorización han sido congeladas las cuentas de 1000 contribuyentes y cientos de propietarios han tenido que vender sus inmuebles.
Se impuso en Cali el sistema de transporte masivo MIO, para el monopolio empresarial y financiero privado, arruinando la movilidad, la infraestructura vial y el patrimonio de pequeños y medianos transportadores, unos porque asociados en Unimetro fueron a la quiebra y otros porque quedaron por fuera de la operación del sistema. El señor Luis Eduardo Barrera presidente de Metrocali de la época y secretario de vivienda del Gobierno Ospina, decidió la selección de un quinto operador a dedo obviando los procesos de licitación pública, lo que le costó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
En el año 2011, Ospina suscribió los convenios para que en concurso entre la CVC y el Dagma, se iniciara el Plan Jarillón, lo que implico el desarrollo de los primeros desalojos violentos en diciembre de ese año. Desde ese momento nunca cesaron los desalojos por la fuerza, y la expropiación de cientos de caleños y caleñas fueron desterrados de áreas y predios ubicados en el Jarillón del rio Cauca, predios ocupados por estos durante décadas, que a la fecha se pretenden entregar para nuevos negocios de particulares.
Estas campañas están ligadas y asociadas con líderes gremiales para continuar la valorización de tierras, asociadas a las grandes firmas urbanizadoras, violentando las zonas de reservas, zonas adyacentes de la reviera y humedales del Rio Cauca y el Rio Pance, hacia el sur de la ciudad contaminando y devastando extensas áreas de reserva e interés paisajístico y ambiental de los caleños.
De estas maniobras no se excluye a ninguno de los candidatos opcionados, pues todos aparecen asociados a los gremios, garantizan y dan continuidad a sus negocios. Es el caso de Alejandro Eder, ex presidente de Propacifico organización gremial de empresas, Asocaña y la Cámara de Comercio de Cali, donde son designados sus representantes ante las administraciones y empresas públicas como Emcali, Metrocali, CVC, Dagma, y otras para articular el desarrollo de sus proyectos apalancados con infraestructura y recursos públicos que terminan por generar plusvalía en sus tierras y desarrollo a sus emplazamientos industriales y comerciales, como es de conocimiento público su pretensión de canalizar los recursos recuperados de la deuda de Emcali con la Nación para inversión en la nueva ciudad del sur de Cali, todo esto a costa de la inversión pública que si requieren otros sectores de la ciudad, para reposición de redes, ampliación de coberturas, implantaciones de nuevas plataformas tecnológicas de energía para la inclusión social de sectores hoy marginados por los gremios. En esta misma línea opera el líder gremial y político del Grupo Carvajal, Rodrigo Guerrero ahora en el seno de la campaña de Roberto Ortiz, candidato apoyado de manera directa por el Uribismo, sector político que intento en más de 15 ocasiones privatizar las empresas municipales de Cali y además de ello Álvaro Uribe Vélez que es conocido por sus actos de gobierno donde se arrebataron y desconocieron derechos fundamentales y sociales del pueblo colombiano.
Los caleños y caleñas no tenemos alternativa ni garantía frente a las propuestas políticas opcionadas para la alcaldía de Cali, los candidatos están cuestionados por sus prácticas empresariales lesivas al patrimonio y bienes públicos, así como al bienestar de los caleños y Vallecaucanos, sus vínculos con el uribismo y su compromiso por dar continuidad a la articulación del proyecto político histórico de la clase empresarial del Valle.
Nuestra ciudad atraviesa una grave crisis social, el desempleo es uno de los más altos del país, ya que como informa el DANE, miles de personas hoy en Cali están desempleadas, la ciudad de Cali sigue siendo una de las más violentas del mundo registrando una tasa de 42 homicidios por cada 100 mil habitantes. La crisis de salud y educación es innegable cada día son menos los niños en las escuelas y colegios y más los pacientes que no reciben atención oportuna de las instituciones de salud, Emcali está plagada de corrupción y politiquería y se han incrementado los asentamientos de desarrollo incompleto.
Por estas razones y pensando única y exclusivamente en nuestra gente, votaremos en blanco, lo que significa que le apostamos:
Un gran acuerdo ciudadano, social y político para que EMCALI sea 100% publica y genere excedentes para invertir socialmente en la población en educación, salud, cultura y deporte
A la mayor inversión social con el único objetivo de detener el elevado conflicto que está produciendo tanta violencia y dolor en la ciudad
A replantear de manera integral la movilidad en la ciudad que hoy tiene a más del 60% de los caleños sin un transporte publico eficiente y causando grandes problemas de movilidad.
A la generación de empleo a partir de volver a Cali un centro de desarrollo nacional turístico, industrial, cultural y empresarial conectado con Colombia y aprovechando la cercanía con el pacifico
A la paz en términos de buscar la felicidad de la gente recuperando nuestra identidad, valores y cultura ciudadana
A llegar a un 100% en la cobertura educativa de nuestros niños y niños con calidad
A desarrollar una red pública de salud que les garantice a los ciudadanos una protección real en este orden, a este pacto convocamos porque Cali se respeta.
Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas, a los sectores sociales y políticos alternativos a quienes buscan un futuro distinto para la ciudad para que este 27 de octubre de 2019 votemos en blanco.