Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque de acuerdo con el principio de la descentralización consagrado en la Constitución Política de Colombia, los municipios y departamentos gozan de autonomía política y administrativa en sus territorios, de hecho estos se encuentran amarrados al “centralismo burocrático” del gobierno nacional que continúa manteniendo el control por ejemplo, en la distribución de los recursos fiscales, con lo cual consigue que los entes territoriales se sometan a los designios del poder central, circunstancia esta que se expresa en los planes de desarrollo, a propósito de la denominada economía naranja del gobierno del presidente Duque.
Esta circunstancia se agrava en la medida en que varios de los proyectos y programas que se deben ejecutar en los municipios y departamentos están mediatizados por el “Estado contratista” que se manifiesta a través de las alianzas público-privadas que se imponen desde las alturas del poder acabando con la poca autonomía e independencia de los entes territoriales.
Esta forma velada de manipulación de la autonomía municipal y departamental ha permitido que surjan en los territorios alianzas políticas que se apoderan del destino de los municipios y departamentos valiéndose de la contratación oficial para esquilmar sus presupuestos, con los sobrecostos de las obras y la corrupción que impera en estos casos.
A lo anterior debe agregarse la carga financiera que soportan los municipios y departamentos con los bancos, a propósito de la construcción de un conjunto de obras de infraestructura vial y de Renovación Urbana y de centros de servicios de salud, deportivos, recreativos, culturales, que terminan endeudando sus presupuestos y exigiendo el pago de cuantiosos y costosos préstamos bancarios durante varios años, afectándose con ello la inversión y el gasto social.
Actualmente se conoce que las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos se convirtieron en un instrumento de presión para manipular el contenido de algunos proyectos de los planes de desarrollo en los cuales tiene especial interés el gobierno central.
A todo lo anterior ser suma el hecho de que, de los 1.102 municipios, 5 han evaluado los planes de desarrollo y de los 32 departamentos, tan solo uno ha cumplido con dicho compromiso, lo cual obedece en buena parte a las dificultades que tienen los entes territoriales para elaborarlos con la participación de los diferentes sectores económicos, políticos y sociales, con los cuales se deben acordar y definir los proyectos y programas de interés general tal como lo ordenan la Constitución y la ley orgánica sobre la materia.
No obstante que el gobierno del presidente Duque en ejercicio de sus facultades excepcionales derivadas de la emergencia económica, social y ecológica, ha prorrogado los plazos para la presentación y aprobación de dichos planes, no es improbable que los Concejos y las Asambleas departamentales no tengan las condiciones y voluntad para estudiarlos, además de las garantías para su discusión amplia, circunstancia que hará que muchos alcaldes y gobernadores terminen aprobándolos por decreto gubernamental, diluyéndose de esta manera el derecho de los ciudadanos a participar en su discusión respecto de aquellos asuntos de interés general en materia económica, social, cultural, ambiental, etc.
Desde luego que no hay que identificar la descentralización con las prácticas del localismo y del regionalismo que asumen algunos alcaldes y gobernadores, que se creen con el derecho de poder disponer a su antojo de sus competencias para imponer medidas que casi siempre son en beneficio de determinados grupos de interés.
La unidad e integridad del país que debe expresarse en los planes de Desarrollo Económico y Social demandan de un cambio sustancial en la forma de organización del Estado y con la sustitución del centralismo burocrático y tecnocrático que se extiende a todas las ramas del poder público y con el cual se irrespeta la autonomía de los alcaldes y gobernadores, haciendo de la democracia una simple instancia de comunicación de las decisiones que se toman desde el poder central, distorsionándose de esta manera el principio de la descentralización política y administrativa de funciones y competencias.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social