Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Para 2018 las disidencias de las Farc se estimaban en 1.200 hombres. En lo corrido de este año la cifra va en 2.300 hombres, y 1.400 informantes adicionales. Estudios de inteligencia sugieren que un nuevo grupo criminal con el nombre de “Los Caminantes” se está formando en Venezuela al comando de 7 siete exjefes de las Farc- incluidos Santrich e Ivan Marquez-. Jefes que empezaron compareciendo ante la JEP, pero que por varias razones terminaron eludiendo la escasa justicia que les propusieron.
La ausencia de una justicia justa, es la causa final de ello. Finalmente consideraron que o era impunidad plena o no les servía.
Las penas privativas de la libertad según la teoría penal tienen tres objetivos: prevención, retribución y reinserción en la vida civil. Ninguna de las tres aplicó para las Farc. La pena privativa parte de la premisa que el criminal entiende y acepta su error, por lo cual puede integrarse nuevamente a la sociedad.
La función más importante de la pena es su efecto disuasivo hacia la sociedad. Que todos comprendan que quien sigue ese camino acabará en la cárcel. Si al criminal se le premia por sus hechos, vuelve a reincidir, y genera mal ejemplo a la sociedad donde se consolida la idea de que “ser pillo, paga”.
El Clan del Golfo es ejemplo de esas externalidades negativas. A mayo de este año tenían 1.500 hombres entre Antioquia, Córdoba, y Chocó. Un grupo sicarial que vive de las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal, el cual vio en el Acuerdo de la Habana una posibilidad de legalizarse. Ya estaba haciéndose pasar por grupo político, cambiado su nombre a “autodefensas gaitanistas” .
Como le he defendido siempre, el delito político no debe existir. Ninguna razón admite el crimen, el asesinato, el terrorismo. Colombia debe abolir ese eufemismo que esconden los crímenes y trata de justificarlos con causas nobles.
El ELN pueden llegar a 2.500 hombres. “Los Pelusos” tienen 240 hombres en el Valle y Cauca. Ambos estaban intentando negociar con el anterior Gobierno.
La impunidad del acuerdo de La Habana se vuelve la justificación perfecta de que se puede delinquir, negociar y salir ganando. Es el camino a seguir para todos esos grupos. ¿En 20 años alguien dirá que negociemos con el grupo político de las autodefensas gaitanistas? ¿Y en unos 40 años con las disidencias de ese nuevo acuerdo?. Un circulo sin fin.
La pena privativa de la libertad debe buscar la reinserción eficaz. Los datos muestran que delitos como homicidios no tienen el mismo nivel de reincidencia que el hurto de celulares.
Los delitos sin penas efectivas incrementan el nivel de reincidencia. Efectividad es pena y aplicación de la pena, eficacia de la justicia.
Según la Fiscalía, Colombia cuenta con 19 estructuras criminales que están en las ciudades, las cuales suman unos 1.200 hombres. Entre esas están “La Terraza”, “La Sierra”, “Caicedo” en Antioquia, “Los Costeños” en el Atlántico, “Los Rastrojos” en Norte de Santander, “La Cordillera” en Risaralda o la “Banda Local” en el “Norte del Valle”. Estos criminales son capturados para luego ser liberados a los pocos días.Se necesita una reforma al sistema penal. Pero sobretodo, tiene que desaparecer la idea de que las organizaciones criminales que tengan discurso político podrán ser susceptibles de impunidad.
El Gobierno del presidente Duque está cambiando esa tendencia al delito. Se han capturado 2.417 miembros de grupos armados y bandas criminales. Este año se han neutralizado 755 criminales del Clan del Golfo; 89 de “Los Pelusos” y 66 de “Los Puntilleros”.
Las penas privativas de la libertad existen para crear reinserción a la vida civil; porque la sociedad puede perdonar; pero sobretodo para que los ciudadanos entiendan que cometer delitos trae consecuencias y no premios.