Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
en muchos casos tienden a restringirlos ó a arrebatárselos a los ciudadanos y a los trabajadores al igual que sus conquistas y reivindicaciones laborales
La inclusión en nuestra Constitución de los derechos económicos y sociales no constituye de por sí garantía plena de su cumplimiento y observancia, puesto que su promoción y aseguramiento han sido y continúan siendo objeto de aplazamiento y de innumerables limitaciones en función de las políticas públicas de los gobernantes, que en muchos casos tienden a restringirlos ó a arrebatárselos a los ciudadanos y a los trabajadores al igual que sus conquistas y reivindicaciones laborales, tal como viene sucediendo en la actualidad siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.
En estas circunstancias la aplicación de los derechos económicos y sociales de segunda y tercera generación se convierten en una simple declaración formal que al no materializarse en hechos concretos, conducen a la desigualdad social, justificada en la práctica con la teoría de que los derechos civiles, individuales y colectivos priman sobre los derechos económicos y sociales, descartándose de esta manera la máxima según la cual la defensa y goce de los primeros resulta imposible sin la satisfacción de los segundos como base fundamental de la existencia y desarrollo de la sociedad y del individuo como tal.
En medio de la contienda electoral las asociaciones gremiales y algunos de los candidatos a ocupar la presidencia de la República, han venido pronunciándose sobre el tema al igual que el gobierno del presidente Santos, dada su importancia debido a las implicaciones que tienen, particularmente en tratándose del derecho de los ciudadanos a pensionarse y respeto del cual se ha comenzado a ventilar en el ambiente político y económico la tesis de que la solución de los problemas de financiamiento y sostenibilidad del régimen pensional pasan necesariamente por el aumento de la edad de hombres y mujeres como del monto de las cotizaciones para adquirir el derecho a pensionarse, en tanto que se propone fortalecer el régimen de ahorro individual con respecto al régimen de prima media de distribución ó reparto que agrupa a la mayor parte de los pensionados, circunstancia esta que colocaría en desigualdad de condiciones a los futuros pensionados, que no consiguen un trabajo digno y estable ni tampoco tienen la capacidad de ahorrar lo suficiente para obtener una pensión adecuada a sus necesidades individuales y sociales.
se viene hablando de incrementar la cuota moderadora y el copago a los afiliados de las EPS que demandan de los servicios de salud
Así mismo se viene hablando de incrementar la cuota moderadora y el copago a los afiliados de las EPS que demandan de los servicios de salud, cuya calidad deja mucho que desear en materia de atención médica general y especializada, quirúrgica, hospitalaria y de suministro oportuno de los medicamentos que deben entregarse a los pacientes.
Otro tanto sucede con la educación que reciben los jóvenes en los centros de educación secundaria y universitaria del Estado, en donde los conocimientos adquiridos no son suficientes para afrontar los retos que impone la sociedad del conocimiento y el mercado laboral.
Caso aparte lo constituye la consecución de trabajo en una sociedad en donde en cualquier momento y en razón de los cambios tecnológicos los trabajadores se ven desplazados de sus puestos de trabajo y reducidos sus salarios y prestaciones sociales, acrecentándose con ello los niveles de pobreza y desigualdad social.
Igualmente habrá que decir que la propuesta en general de los candidatos de disminuir los impuestos al gran capital con miras a estimular la inversión e impulsar el empleo formal al tiempo que se amplía la base tributaria a la población, no constituye mas que una estrategia oprobiosa con la cual los gobernantes de turno pretenden descargar en los ciudadanos el peso de los gastos de funcionamiento y del endeudamiento del Estado, que de un presupuesto de casi 300 billones para la vigencia fiscal 2018, 260 billones aproximadamente corresponden a dichos rubros, disminuyéndose sustancialmente las partidas presupuestales para atender la satisfacción de los derechos económicos y sociales de los colombianos.
se viene desnaturalizando su contenido esencial a través de la implementación de un conjunto de políticas fiscales y de corte asistencialista
Y de ahí que la idea de garantizar los derechos económicos y sociales se convierta en un tema de campaña electoral, mediante la cual se crea la sensación de que el compromiso de los candidatos es el de asegurar su cumplimiento, cuando en la práctica se viene desnaturalizando su contenido esencial a través de la implementación de un conjunto de políticas fiscales y de corte asistencialista, cuando de lo que se trata es de cambiar las condiciones impuestas por el régimen que se reproducen generándose mayores desigualdades e inequidades que afectan a amplios sectores de la población, las cuales no podrán ocultarse con estadísticas amañadas realizadas por el mismo Estado que en cabeza de los viejos y nuevos aspirantes a gobernar el país no están dispuestos a defender por igual los derechos económicos y sociales de todos los colombianos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social