Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
los servidores públicos tienen que ser responsables de su gestión con ocasión de sus competencias
El ejercicio de la función administrativa no solo debe estar al servicio del interés general si no que los servidores públicos tienen que ser responsables de su gestión con ocasión de sus competencias acorde con lo establecido en la Constitución y en la ley.
La función de dirigir, administrar y ejercer el control y vigilancia de los asuntos públicos debe hacerse con fundamento en los principios constitucionales de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Esta caracterización de la función administrativa que debe aplicarse en el municipio de Cali por parte del gobierno municipal, no parece cumplirse a cabalidad en tratándose del manejo de los asuntos públicos, lo cual se refleja en la forma como, por ejemplo, se planifica el desarrollo urbanístico de la ciudad, se administran los recursos públicos y en general se cumple con los Acuerdos Municipales y demás disposiciones legales.
Así las cosas tenemos que uno de los aspectos más relevantes en materia urbanística consiste en la manera improvisada cómo se viene adelantando en este caso el proyecto urbanístico denominado ciudad Paraíso, que además de tener un carácter inequitativo y excluyente carece en la práctica de los recursos financieros para su total construcción, mientras que no existen las partidas disponibles para acometer las redes de acueducto y alcantarillado como tampoco iniciar la renovación del antiguo sector de El Calvario ni la construcción del edificio de la Fiscalía, siendo lo más importante la cuestión social que implica el desplazamiento de los habitantes del barrio Fray Damián en su mayoría pertenecientes a la tercera edad que derivan su sustento de las actividades comerciales desarrolladas en sus inmuebles y de los cuales tan solo han recibido del gobierno municipal a través de la EMRU la resolución de expropiación y el precio de sus inmuebles que reciben por cuotas, después de haberlos bajado arbitrariamente del estrato tres al uno para efectos de la negociación de sus predios.
lo que viene sucediendo con el crecimiento de las invasiones y la construcción de complejos habitacionales en las laderas de los cerros
Así mismo resulta muy preocupante lo que viene sucediendo con el crecimiento de las invasiones y la construcción de complejos habitacionales en las laderas de los cerros, al igual que la integración a los corregimientos de vastas extensiones del territorio urbano lo cual parece transcurrir bajo la mirada impasible de las autoridades de Planeación Municipal estimulándose con ello el crecimiento anárquico y caótico de la ciudad, desligado de sus componentes físicos, geográficos, ambientales y socio económicos que garanticen un ordenamiento coherente e integral del territorio acorde con los intereses y necesidades de la comunidad caleña.
Por otra parte resulta previsible que el ingreso de los 424 buses al sistema de Transporte Masivo MIO y el compromiso de METROCALI de reestructurar el transporte colectivo de manera provisional, no sean suficientes para captar la demanda de pasajeros que en la actualidad utilizan otras formas de transportarse, mientras subsiste su crisis operativa. Pero además no sobra agregar que el acuerdo de cesión de 30 buses de ETM a la empresa Blanco y Negro con el beneplácito de METROCALI no solo contribuirá a estimular el monopolio si no a generar un eventual abuso de la posición dominante que excluye la libre competencia respecto de los demás operadores sin que con ello se resuelva el problema operativo del MIO.
la administración se niega sistemáticamente a devolver a los contribuyentes que pagaron el total de las obras, parte de los valores cancelados por las no construidas
De otro lado habrá que decir que la imposibilidad jurídica para recuperar la cuantiosa cartera de valorización derivada de la ejecución parcial de las 21 mega obras de los propietarios de las grandes superficies, terratenientes y de los complejos industriales, compromete la responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal de los funcionarios frente a la imposibilidad de que prosperen las acciones coactivas para hacer efectivo el cobro de las obligaciones de los contribuyentes morosos. Esta circunstancia por supuesto influirá negativamente en la financiación y terminación de las obras faltantes que demandarán de un presupuesto adicional, mientras que la administración se niega sistemáticamente a devolver a los contribuyentes que pagaron el total de las obras, parte de los valores cancelados por las no construidas durante el tiempo definido por la ley.
A todo lo anterior se suma la actitud asumida por algunos funcionarios de la administración de EMCALI, quienes a sabiendas de las dificultades que afronta la ciudad en materia de la prestación de los servicios públicos y de la necesidad de implementar cuanto antes soluciones reales y concretas a los problemas de abastecimiento regular del agua y del suministro de energía a la ciudad, no acometen las obras indispensables para mitigar los efectos que conlleva la interrupción periódica de dichos servicios, al tiempo que se incrementan las sumas a pagar contenidas en la factura que reciben mensualmente los usuarios.
Todas estas acciones y omisiones que han sido objeto de innumerables denuncias por parte de los ciudadanos, parecen haberse caído en el letargo de las investigaciones exhaustivas que adelantan los órganos de control sin ningún resultado a la vista, que hacen que los ciudadanos pierdan la confianza y la credibilidad en tales órganos de control del Estado, casi siempre de espaldas a la realidad social e histórica que vive la comunidad caleña.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social