Jean Nicolás Mejía H
Profesional Ciencias políticas – Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 28 años, Máster en cooperación internacional y organizaciones internacionales de la Universitat de Barcelona
La pandemia ha traído consecuencias en términos económicos y sociales; desde el cambio en el sistema económico con la caída y auge de muchas industrias, hasta los problemas de migración y estancamiento social. Sin embargo, se habla muy poco de las consecuencias políticas, especialmente a largo plazo: el inminente retroceso de la democracia en el sistema internacional.
La mayoría de las personas en el mundo estuvieron confinadas en algún momento desde que estalló la crisis del coronavirus. Por confinamiento se entiende la restricción de la movilidad física de una persona en un lugar específico, en virtud de una directriz de la autoridad. Por supuesto que los argumentos médicos y biológicos que explican la disminución del contacto social para frenar la expansión del virus son una justificación legítima para una medida de este calibre, por lo que en primera medida no se cuestiona esta acción de los gobiernos bajo esta lógica, y por el contrario hasta se aplaude la imposición restrictiva si se lleva a cabo más rápido.
Pero se suele dejar por fuera de la ecuación la siguiente reflexión, que proceso legitima que un gobierno decrete confinamiento social, y más aún, que consecuencias a mediano y largo plazo puede suponer el uso de estos procesos. La reflexión inicia con la imposición de medidas restrictivas inmediatas como decretar confinamiento y el cierre total de calles, pero se extiende con las medidas restrictivas a mediano y largo plazo, la imposición de toques de queda, restricción de movilidad física permanente e imposibilidad de desplazamiento entre países.
El Índice de Democracia, desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, es un reflejo de cómo el manejo de la pandemia ha sido un foco de aumento de medidas que atentan contra la democracia y las libertades directas de los ciudadanos en la mayoría de las regiones del mundo, resaltando casos excepcionales en donde en países que tradicionalmente defienden mucho las libertades individuales como es el caso de Estados Unidos, se tomaron medidas restrictivas sin apenas un consenso ciudadano inicial.
El manejo de una pandemia bajo las dinámicas del sistema internacional contemporáneo deja entonces una primera gran realidad: la democracia es propensa a volverse prescindible en una emergencia de gran magnitud, como de la salud pública es a escala global.
Y es que uno de los elementos característicos que define un sistema político como democracia -sin discutir si es relativa o plena-, es su propio verdugo: las constituciones. Usualmente en la mayoría de los países con un desarrollo de la democracia relativo y pleno, la constitución otorga poderes y atribuciones especiales a los gobiernos de turno en casos excepcionales; siempre y cuando la situación local, regional o global amerite denominarse “caso excepcional”.
En el caso colombiano se le llama estado de excepción, y en España, por ejemplo, se le conoce como estado de alarma. Una situación extraordinaria en donde el ejecutivo puede tomar el mando en decisiones de seguridad (uso de militares y cuerpos civiles policiales), de legislar sin necesidad de los órganos plenarios, y de tomar decisiones unilaterales en política exterior y políticas fronterizas.
Precisamente, ha sido el coronavirus un caso excepcional, en donde los países han decretado estados de emergencia y los gobiernos han intervenido más rápido. Lo que pocos se plantearon, fue que esta atribución iba a extenderse a modo de prórrogas, e inclusive en algunos lugares de manera indefinida, otorgándole poderes al gobierno que puede usar de manera legítima y constitucional, pero que no tiene que ver con la crisis de la pandemia necesariamente, o paralelamente, para tomarse atribuciones sociales delicadas sin un consenso ciudadano legítimo.
Es por ello por lo que a pesar de que decretar toques de queda en distintas horas de la noche en principio pueda ser una solución anexa al distanciamiento global para sobrellevar la crisis del coronavirus, es cuestionable cuando las personas entienden que sus libertades personales son puestas en juego por un “bien mayor”. Bien lo ejemplificaba Jean Jacques Rousseau en su libro del contrato social, en donde afirmaba que a medida que un estado crece -en legitimidad, autonomía de intervención y cooptación de las instituciones- más disminuye la libertad.
Pero ¿cómo puede significar un retroceso de la democracia que el libro constitucional otorgue poderes extraordinarios a los gobiernos si en el papel, fue un consenso previamente dado? La respuesta es muy sencilla, se halla en la configuración misma del sistema internacional contemporáneo, y se reproduce cada vez más en diferentes países, sin importar la tendencia o ideología política del gobierno de turno: la política se esta haciendo para los intereses de unos privados, y no para la administración gubernamental.
Un claro ejemplo de lo anterior ha sido la capacidad que tienen los estados para sabotear a otros, incluso en medio de una crisis mundial. Con la llegada del virus que paralizó a la sociedad, la carrera por el desarrollo de la vacuna empezó rápidamente. Hoy, millones de muertes y miles de millones de contagiados después, todavía se cuestionan algunas vacunas por su origen geográfico. Hoy existe más desinformación sobre las vacunas disponibles, que la misma verdad imperativa.
Otro ejemplo es la relación público-privada -banca/estado- que se ha podido ver en diferentes regiones. El sistema político y económico dependen indudablemente del sistema financiero internacional, mediado a su vez por la banca. De carácter privado, los bancos siempre han tenido un acompañamiento más bien moderado del estado en el desarrollo de sus políticas, y en la crisis del coronavirus se ha visto como los gobiernos en algunos casos concretos priorizan la ayuda y el rescate al sector de la banca y de la inversión, antes que plantear reformas a nivel social.
El argumento central no responde al rescate del sistema financiero (se sabe que el sistema financiero es hipócrita y mentiroso; está demostrado en el reciente el caso de Game Stop en la bolsa de Wall Street), sino a preservar alianzas e intereses privados, beneficiosos para pocos, pero con el capital de todos.
El coronavirus ha sido el testeo que ha puesto a prueba al sistema internacional, y le ha exigido una reconfiguración total en virtud de su preservación, de la preservación de la humanidad. Esta demás decir que hasta la fecha no se ha superado la prueba. La realidad que se ha impuesto por el coronavirus ha permitido identificar el nivel de implicación y compromiso real de los gobiernos para con su pueblo, y es tarea del ciudadano, sacar sus propias conclusiones.