Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Tal como se estableció en la Constitución Política, el ejercicio de los derechos ciudadanos conlleva igualmente el cumplimiento de ciertos deberes, siendo uno de ellos el de pagar los impuestos, tasas y contribuciones decretados por el Estado a nivel central y territorial, lo cual tiene por objeto contribuir al sostenimiento del aparato estatal, el financiamiento del gasto público social y de las inversiones consignadas en el plan nacional de desarrollo.
Ahora bien, el régimen tributario establecido por el Estado debe ajustarse en un todo a los principios de equidad, eficiencia y progresividad establecidos en la Constitución, lo cual se ha venido desnaturalizando en la medida en que se afianzan las relaciones entre el Estado contratista y los monopolios nacionales y extranjeros, estimulándose de esta manera la tendencia a reducirle los impuestos al gran capital, en tanto se extiende la base gravable para aquellos ciudadanos y pequeños industriales y comerciantes que deben pagar altos impuestos, al tiempo que se incrementan las tasas impositivas de los impuestos indirectos como el IVA que grava en igual proporción a pobres y ricos que adquieren toda clase de productos, bienes y servicios en el mercado, incluyendo aquellos que integran la canasta familiar y de esta manera violándose los principios antes señalados , además de generar un gran desequilibrio entre los derechos y deberes de los ciudadanos y en general una gran desigualdad social.
La reforma tributaria aprobada por el congreso de la república el año pasado ha suscitado en algunos sectores gremiales y empresariales varios reparos relacionados por ejemplo, con el hecho de que de ahora en adelante, estos no podrán deducir del impuesto de renta los valores correspondientes a las regalías en el caso de las industrias extractivas y de las sobretasas impuestas a determinados sectores económicos.
Por otra parte, tratándose de las personas naturales tampoco se está de acuerdo con la retención que se les hace a los empleados que ganan 4 salarios mínimos en adelante, además del impuesto al consumo y a la cadena de suministros de productos que utilizan el plástico.
Si bies es cierto que el capital tendrá que pagar por concepto del impuesto de renta una tarifa del 35% más el 10% por concepto de dividendos, además de los impuestos locales: predial unificado, de industria y comercio, etc., los grandes empresarios están dispuestos a pagar incluso altos tributos que el Estado utiliza para atender la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos, etc. Gravámenes estos que los empresarios y comerciantes trasladan a los consumidores a través de los precios de los productos, bienes y servicios que ofrecen en el mercado, recuperando de esta forma los costos de producción, el valor de los impuestos, además de las ganancias derivadas de sus negocios.
Así mismo, en medio de la crisis global del capitalismo, cientos de pequeños y medianos empresarios se arruinan, en tanto que miles de trabajadores pierden sus empleos, se reducen sus salarios y pensiones, generándose con ello una desmejora de su condición económica y social.
Aunque la meta del gobierno del presidente Petro en este caso, es el de aumentar el volumen de los recursos fiscales a partir de la ampliación de la base tributaria y acabar con la evasión fiscal, logrando con ello que mas personas jurídicas y naturales cumplan con la obligación de pagar sus impuestos, dicho propósito resulta imposible de lograr al no contar con el capital humano y la infraestructura adecuada para cumplir con dicha tarea, circunstancia esta que hace que las autoridades tributarias, siguiendo la línea de menor resistencia propongan una nueva reforma tributaria que seguramente se descargará sobre los contribuyentes que de alguna manera han cumplido con su obligación constitucional.
Todo esto sin descartar el hecho de que el Estado continuará concediéndoles a los grandes empresarios y monopolios extranjeros, ventajas tributarias con el argumento de que de esta manera se garantizará la creación de nuevos empleos con salarios remunerativos en favor de los trabajadores; circunstancia que siempre ha estado lejos de ser convertida en realidad, con lo cual queda demostrado el desequilibrio entre los derechos y los deberes de los ciudadanos, en tanto que de los derechos se apropian los grandes capitalistas dejando en cabeza de quienes viven del trabajo el cumplimiento de la mayor parte de los deberes y cargas tributarias.