Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Varios de los planes y proyectos de la administración municipal que se iniciaron en el inmediato pasado quedaron en una especie de limbo administrativo, casi siempre debido a la falta de estudios y recursos financieros y en otras ocasiones debido a la desidia de los funcionarios públicos.
Este hecho relevante se manifiesta por ejemplo, con la no terminación de las 21 megaobras, el Plan Jarillón, los desarrollos urbanísticos de ciudad Paraíso, la financiación del transporte masivo MIO y del componente de telecomunicaciones de EMCALI TELCO, etc.
Y que decir de la iniciativa del alcalde Ospina que ofreció presentar al concejo municipal un proyecto de acuerdo relacionado con el otorgamiento de otros beneficios a los contribuyentes del impuesto predial, afectados con la crisis económica y sanitaria derivadas del coronavirus por la que atraviesan la ciudad y sus habitantes. En este caso particular de los propietarios y poseedores de inmuebles es fundamental tener en cuenta que el derecho a la vivienda goza de especial protección constitucional y en consecuencia el concejo al tomar las tarifas mas altas elevaron considerablemente el IPU en función de la revaluación de los avalúos de la propiedad inmobiliaria en la ciudad, los cuales resultaron ser uno de los más elevados del país.
En este momento los contribuyentes están esperando que el alcalde presente el anunciado proyecto de acuerdo, mientras se le agota el plazo para su trámite en el concejo municipal.
Hasta cuándo señor alcalde Ospina su administración hace caso omiso del deber constitucional y legal de informarles a los contribuyentes y ciudadanos en general cuáles serán las medidas que en materia tributaria tomará su despacho, además de todos aquellos proyectos inconclusos que no se sabe a ciencia cierta que va a suceder con ellos.
Desde luego que una cosa es informar sobre el quehacer de la administración y otra muy diferente es publicitar ciertos proyectos que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, mediante los cuales se exalta y sobrevalora la gestión administrativa, al tiempo que se rinde un culto a la personalidad del gobernante y de su equipo de trabajo.
Generalmente los funcionarios públicos se olvidan o pasan por alto el hecho de que la información es un derecho que tienen los ciudadanos correlativo con el deber de aquellos de informar de la gestión y desarrollo de sus funciones públicas, especialmente cuando dichos servidores públicos ostentan el título de mandatarios obligados a rendir cuentas e informar a los ciudadanos, que a su vez deben exigir que estos cumplan con el deber de informar de manera tal que sus informes oficiales se ciñan a la verdad derivada de la práctica administrativa objetiva y concreta al servicio del interés general.
Desde la Veeduría que representamos exigimos del alcalde Ospina pronunciarse al respecto en torno a la reducción del IPU y los plazos para cumplir con el pago respectivo, lo cual debe proceder a través de un comunicado dirigido a la comunidad caleña como parte de su obligación constitucional y en su condición de mandatario de los caleños que demandan de un informe veraz y objetivo en este sentido, además de la suerte de los proyectos y obras a realizar a que se ha hecho referencia.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social