Redacción
Para un ciudadano común y corriente, no entiende que el Fiscal General de la nación Néstor Humberto Martínez y el Procurador General de la nación Fernando Carrillo, tengan una lectura totalmente diferente de las objeciones que ha hecho el señor presidente la República Iván Duque, a la ley estatutaria de la justicia especial para la paz JEP. Veamos en primer lugar las posiciones de cada uno.
El Fiscal, dando apoyo a las objeciones, dice:
“La Fiscalía aprecia que el acatamiento a la cosa juzgada constitucional en el presente trámite de objeciones es irrestricto, al punto que las disposiciones que fueron declaradas inexequibles no son objeto de glosa alguna y, por el contrario, dan lugar a una iniciativa de reforma constitucional, que se propone por los cauces de la institucionalidad democrática….El gobierno nacional ha actuado como el poder ejecutivo en el marco de sus competencias “.
“Pueden manejar el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad”. La Fiscalía está preocupada por los beneficios que puedan haber cometido delitos sexuales en el marco del conflicto armado.
La Fiscalía busca precisamente es que el marco jurídico para los desmovilizados, no resulte inconveniente en la lucha contra el crimen.
Y especialmente se hace las siguientes preguntas:
¿Es conveniente que la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios de este deber de reparación, manteniendo intangible su patrimonio ilícito?
¿Es conveniente que el gobierno no pueda excluir de las listas de desmovilizados a personas a quienes se les compruebe que son narcotraficantes reconocidos, ajenos a los movimientos reinsertados, para que gocen de los beneficios de la JEP?
¿Es conveniente que las bases de la guerrilla que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra se beneficien de impunidad y queden expuestos mañana a ser llamados a rendir cuentas por la justicia internacional? ¿No será mejor ofrecerles una solución en la justicia de transición?
Así indudablemente es un gran respaldo al Presidente de la República Iván Duque, y a las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
Y el Procurador, Fernando Carrillo, piensa totalmente diferente, veamos:
“Objetar la JEP abre un debate inoportuno e inútil desconociendo el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien termine de todas maneras resolviendo este problema. La ruta propuesta por el Presidente conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia”
“Aquí media una decisión sobre una ley en ejercicio de control previo, único y exclusivo. Hay cosa juzgada constitucional”…. “El presidente debe asumir el papel de propiciar unidad nacional y no ruptura de impredecibles consecuencias”.
“El tema ya no es de improcedencia formulación de objeciones, sino intangibilidad de decisiones de la justicia”, como se observa es una lectura totalmente diferente.
Y en el fondo lo que hay es un problema político….El Fiscal para nadie es un secreto tiene un proyecto ideológico de derecha , pertenece a Cambio Radical, que con su jefe natural, German Vargas Lleras, tiene su conceptualización alrededor de los puntos inconvenientes de la JEP y el Procurador es el Partido Liberal, ministro en su representación y subalterno del ex Presidente CesarGaviria, expresó sus reparos a las objeciones. Y allí la lectura de cada uno
Lo cierto es que el problema se deriva en que el gobierno anterior no acató el resultado del plebiscito por la Paz, donde ganó el NO y la gente votó en favor del gobierno del presidente Duque y su partido gobierno para hacerle rectificaciones al proceso de paz y esa es la controversia del año. Se firmó un acuerdo de paz en contra vía de las mayorías nacionales y ahora en el ejercicio legal y constitucional de las funciones del Presidente la República, se objeta una ley estatutaria, como ha sucedido en el pasado, que a pesar de tener jurisprudencia constitucional al respecto, libremente el presidente ejerce sus funciones de inconveniencia y el Congreso decide. Por ello ahora el Congreso de Colombia tiene la palabra