Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para algunos voceros de la industria energética la decisión del Consejo de Estado de mantener las medidas cautelares de suspensión de las normas regulatorias que facilitan la autorización del sistema del fracking, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía en los años 2011 y 2014 constituye un “hecho desafortunado”, en tanto que según se dice, de no implementarse dicho sistema el país estaría expuesto en pocos años a perder su autosuficiencia en materia de extracción del petróleo y del gas, generándose con ello un gran impacto en la economía nacional y en las propias finanzas del Estado y de las regiones que no recibirían las regalías para impulsar su crecimiento y desarrollo económico y social.
No obstante esta actitud alarmista, el gobierno del presidente Duque está obligado a someterse al cumplimiento de las normas jurídicas existentes, a la jurisprudencia constitucional y a las decisiones de los altos tribunales de justicia en donde se discute este asunto de vital importancia para el país, ya que de desacatarse sus fallos se estaría violando el principio de legalidad, que es un concepto jurídico estatal cuya esencia radica en la observancia, cumplimiento y aplicación rigurosa y constante de las leyes y regulaciones jurídicas, absolutamente válidas para todos los órganos y funcionarios del Estado, organizaciones políticas y sociales y ciudadanos en general.
Todo esto a propósito de que la explotación de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales no debe tratarse exclusivamente a partir de las conveniencias que en materia de política económica tenga el gobierno de turno ligadas en muchos casos con los intereses de las grandes multinacionales como la Drummond o la Exxon Mobil que operan en el país y sin que se discuta ampliamente este asunto con las comunidades que pueden resultar afectadas con la utilización del fracking en cada uno de sus territorios.
Mientras tanto debe esperarse el fallo de la jurisdicción Contencioso Administrativa que tendrá que sopesar todos aquellos aspectos de carácter económico, fiscal, técnico, en conexión con las verdaderas necesidades e intereses de las comunidades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales son prioritarios y prevalecen por encima de los intereses de los inversionistas y del propio gobierno que plantea la necesidad de garantizar con la aplicación del fracking una real o supuesta sostenibilidad en materia de crecimiento y desarrollo económico y social.
Por otra parte, no se trata como se dice coloquialmente de “ponerle palos a la rueda” a la explotación de los recursos naturales para impedir el “progreso económico y social de la nación” sino de respetar la legalidad existente en tanto que toda violación de las normas jurídicas que preservan los derechos y libertades de los ciudadanos constituye una violación de la legalidad y por tanto de la democracia, con lo cual se crearía un funesto precedente para el país que acrecentaría la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, al colocarse el patrimonio público al servicio de los intereses particulares disfrazados de “interés general”.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social