Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
por fin ha llegado el momento de “ponerle orden a la acción de tutela”, que según se dice, se ha desnaturalizado con el uso desbordado de la misma
En algunos medios de opinión de carácter económico, político e institucional se viene difundiendo la tesis de que por fin ha llegado el momento de “ponerle orden a la acción de tutela”, que según se dice, se ha desnaturalizado con el uso desbordado de la misma, además de haber rebasado la capacidad operativa de los despachos judiciales con el creciente número de acciones de tutela interpuestas por las personas que acuden a buscar la protección de sus derechos y libertades constitucionales fundamentales que han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de alguna autoridad del Estado o por particulares encargados de la prestación de un servicio público y en todos aquellos casos en que resulte afectado grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes, el solicitante se encuentra en estado de subordinación o indefensión, según lo establecido en la norma Constitucional.
Para conjugar dicha situación “anómala”, el presidente Duque a través de la Ministra de Justicia ha presentado para la aprobación del Congreso de la república un proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia, que incluye a su vez una reforma de la acción de tutela, que en la práctica se ha convertido en el medio mas eficaz de defensa de los derechos y libertades de las personas que utilizan este mecanismo judicial, en una sociedad que como la nuestra, a diario se violan los derechos humanos por parte de diversos actores y protagonistas de nuestro acontecer histórico y social.
excluye de plano a todas aquellas personas a las cuales se les vulneran indirectamente sus derechos fundamentales.
Lo paradójico de esta situación es que mientras en la norma Constitucional se consagra que “toda persona a la que le han sido vulnerados sus derechos” puede hacer uso de la acción de tutela, con el proyecto de reforma, este derecho se limita a “quien ostenta ser el titular del derecho afectado”, circunstancia esta que excluye de plano a todas aquellas personas a las cuales se les vulneran indirectamente sus derechos fundamentales.
Por otra parte se establece en el proyecto de reforma que la acción de tutela contra providencias judiciales (autos o sentencias) estaría sujeta a una serie de requisitos procedimentales que harían muy engorroso y complejo su ejercicio, como el de exigir abogado para representar al accionante y establecer plazos perentorios para presentar la acción de tutela, con lo cual se desvirtúa el contenido del artículo 86 de la Constitución Política. —–
Además con el establecimiento de toda esta tramitología se viola el artículo 228 de la Carta en la medida en que se le da primacía a la parte procedimental que se coloca por encima del derecho sustancial protegido y de la norma que consagra la acción de tutela que no exige tales requisitos, permitiendo que cualquier persona que sea afectada en sus derechos fundamentales pueda instaurar la correspondiente acción de tutela en cualquier tiempo y lugar mediante un trámite preferente y sumario en procura de hacer efectiva la protección del derecho afectado.
De otro lado, la VEEDURÍA que representamos considera que el proyecto de acto legislativo de ser aprobado, iría en contra del ordenamiento constitucional ya que el Congreso como constituyente derivado no puede modificar los principios, valores y garantías constitucionales que son el fundamento mismo de la institucionalidad y de la aplicación de la justicia dentro del marco del Estado Social de Derecho que nos rige y que tan solo podría modificarse por el Constituyente Primario como depositario del poder soberano del Estado.
Los dos parágrafos adicionales al artículo 86 de la Constitución que propone la reforma presentada por el gobierno, alteran y desvirtúan su sentido, lo cual se reflejará en acciones de tutela contra personas jurídicas que diariamente son accionadas como las EPS por ejemplo, por violación al derecho fundamental a la salud, a la vida, limitando al juez en cuanto al otorgamiento de las garantías plenas para el derecho vulnerado, debilitando a los accionantes y fortaleciendo a las accionadas.
De esta manera no solo se ponen en riesgo los derechos sustanciales y procesales de las personas, sino que se estaría violando el principio de legalidad tan caro a la democracia, circunstancia esta que debe llamar la atención de los ciudadanos que deben reflexionar sobre la posibilidad de que con esta reforma se restrinja formalmente el alcance de la acción de tutela, que si bien es cierto tendrá que ser objeto de algunos ajustes, los mismos no pueden servir para conculcar los derechos constitucionales fundamentales de los colombianos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social