Pablo A. Borrero V. / Luz Betty Jimenez De Borrero
Las multinacionales que operan en el mundo capitalista globalizado están integradas por grandes empresas que concentran en sus manos la producción, distribución y venta de determinados productos, bienes y servicios, de los cuales obtienen elevadas ganancias que perciben a partir de la imposición en el mercado de los denominados “precios de monopolio” que consiguen con el auspicio y beneplácito del Estado, cuyos gobernantes actúan como administradores de los negocios de dichos monopolios multinacionales.
En Colombia la producción de medicamentos de alto costo para combatir aquellas enfermedades catalogadas como catastróficas lo realizan los monopolios internacionales que tienen la patente y la licencia respectiva para tal efecto, tal como sucede con el fármaco GIEVEC, utilizado para ciertos tratamientos de cáncer que ofrece la multinacional NOVARTIS.
Dicho medicamento fue inicialmente declarado por el ministerio de salud como de “interés público” lo que condujo a que la citada multinacional se opusiera a dicha medida y amenazara con demandar a Colombia ante la Ocde por violación de los acuerdos de comercio internacionales, en razón de haber sometido dicho medicamento al control directo de precios, lo que significó reducir de manera importante su costo en favor de los pacientes que sufren de dicha enfermedad.
No obstante lo anterior la ministra de comercio María Claudia Lacourture dictó el decreto 670 de abril 21 de 2017 por medio del cual introdujo un nuevo procedimiento para efectos de determinar la declaratoria de interés público de todos aquellos medicamentos que a juicio del ministerio de salud se consideran de alto costo. Dicha medida se dicta so pretexto de garantizar la propiedad intelectual y el uso de las licencias para operar en el país.
De ahora en adelante el ministerio de salud no podrá tomar ninguna determinación si antes no consulta con el comité técnico creado para tal efecto y del cual hacen parte el departamento de planeación nacional que dirige la política económica general del país y el ministerio de comercio encargado “de la protección de las patentes y de la propiedad intelectual”.
Dicha modificación con la cual se limita la autonomía del ministerio de salud, contó con la aprobación del presidente Santos, después de que varios funcionarios de la presidencia, la ministra de comercio, el ministro de salud, la representante especial para el ingreso de Colombia a la Ocde y representantes de Afidro, avalaron dicho procedimiento como alternativa para resolver las diferencias entre los citados ministerios.
Así las cosas aunque las decisiones en apariencia la seguirá tomando el ministerio de salud, todo indica que la multinacional y Afidro lograron su cometido con lo cual queda evidenciado el vínculo y la dependencia del Estado de la multinacional farmacéutica y de la celeridad del gobierno para beneficiar sus intereses en el país.
El hecho real es que poco o nada ha servido la ley estatutaria de la salud que considera que esta constituye un derecho fundamental en contra de todos aquellos que trafican con la salud y en este caso han conseguido que con la expedición de un simple decreto se limite la posibilidad de declarar ciertos medicamentos de alto costo como de interés público en beneficio de cientos de miles de pacientes que requieren de tratamientos especializados.
Mientras tanto la salud constituye un privilegio para una parte de la sociedad perteneciente a las élites del poder económico y político y de la casta burocrática del Estado, que si tiene acceso a los servicios de salud en condiciones óptimas financiada con los impuestos que pagan los trabajadores colombianos, a quienes cada vez se les limita el ejercicio de este derecho fundamental o se les desmejora su prestación o no se le presta en debida forma, generando graves riesgos y daños a quienes acuden a las entidades de salud que operan en el país.
Ante este despropósito los ciudadanos a través de sus organizaciones deben exigir la derogatoria inmediata de dicho decreto, puesto que primero está la salud y supervivencia de los colombianos por encima de los beneficios económicos de las multinacionales y de las aspiraciones y veleidades del gobierno del presidente Santos empeñado en ingresar al club de los países ricos de la Ocde, que terminan afectando la competencia en igualdad de condiciones con la industria nacional de fármacos que opera en el país.
Veeduria Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Socia