Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Existen diversos factores que inducen a los gobernantes a utilizar los métodos y procedimientos reformistas para enfrentar los problemas y dificultades que conlleva el ejercicio del poder del Estado, particularmente en aquellos momentos de crisis en donde se revelan con mayor fuerza las contradicciones sociales que afloran a la superficie del régimen, generándose en la conciencia social e individual la creencia de que por este camino se pueden superar los conflictos que se producen en medio de la lucha social.
En este caso el objetivo principal es afianzar el poder económico y político de las clases dirigentes para imponer el tipo de progreso que conviene a sus intereses.
Siguiendo este procedimiento el gobierno del presidente Duque ha propuesto la necesidad de suscribir un “pacto social por Colombia” para el desarrollo y la equidad con las diferentes fuerzas políticas, sociales, sindicales, gremiales, empresariales, etc., en torno a la urgencia de llegar a acuerdos sobre lo que nos une a los colombianos en medio de las diferencias existentes, con lo cual se recogen algunos de los aspectos esenciales del régimen político que caracterizan al país y que con ciertas modificaciones de índole institucional no afectan la estructura del Estado pero tampoco buscan construir una nueva realidad social y política.
Y de ahí que el presidente, preocupado por los problemas que agobian al país y tratando de convertir en realidad los acuerdos adquiridos con las fuerzas políticas que lo eligieron, haya decidido presentar a la consideración del Congreso de la República, un conjunto de reformas de carácter político electoral, tributario, fiscal, judicial, que conjuntamente con el anuncio de otras relacionadas con la educación, la salud, las pensiones, las consultas populares, hacen parte de la estrategia con la que su gobierno aspira restablecer el orden y la confianza perdida de los ciudadanos en las instituciones del Estado socavadas por la violencia y el delito, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la generalización de la corrupción ligada a la contratación estatal, el clientelismo político, la demagogia y el populismo, que han hecho que los principios y valores de la ideología liberal como el pluralismo, el equilibrio de poderes, la defensa de la legalidad, la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, se hayan desnaturalizado en medio de la crisis institucional y política que padecen las clases dirigentes y sus partidos la cual transcurre acompasada de un proceso de acumulación y apropiación de la riqueza social por parte de los grandes monopolios nacionales y transnacionales que circulan por el mundo capitalista globalizado.
Por otra parte está claro que los proyectos de reforma presentados poco o nada servirán con algunas excepciones, para conjurar la crisis que afronta el país, en tanto que iniciativas como la de unificar los procesos electorales a partir de aumentar el mandato a los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, constituye una “trampa política”, dirigida a consolidar la hegemonía electoral de determinadas fuerzas políticas (el Santismo y el Vargasllerismo) e impedir de esta manera el ascenso al poder de las fuerzas de la coalición opositoras a las fuerzas del establecimiento, ligadas a los contratos y negocios en las regiones y municipios del país.
dichos funcionarios pierdan su independencia en materia de interpretación jurídica, sino que además se sustituiría la ley como fuente principal del derecho por dicho mecanismo judicial producto del arbitrio de las altas Cortes
Así mismo la inclusión en la reforma judicial del denominado “precedente obligatorio” de carácter constitucional, con base en el cual los jueces y magistrados de los tribunales tendrán que tomar sus decisiones adecuándolas a uno u otro precedente judicial, no solo traería consigo que dichos funcionarios pierdan su independencia en materia de interpretación jurídica, sino que además se sustituiría la ley como fuente principal del derecho por dicho mecanismo judicial producto del arbitrio de las altas Cortes, constituyéndose por lo demás, en una manera muy sutil y refinada de desmontar el Estado Social y Democrático de Derecho. Circunstancia esta que perjudicará a los operadores judiciales, abogados y usuarios de la justicia que quedarán reducidos a simples apéndices del aparato judicial en poder de un puñado de magistrados autoritarios.
A todo lo anterior habrá que decir que la legitimación de ciertas prácticas como el transfuguismo que contiene la reforma, tienden a estimular “el tráfico electoral y la proliferación de empresas electorales”, que han contribuido a corromper la actividad política en su conjunto.
Por supuesto que participamos de la idea de unificar los períodos electorales sin necesidad de prorrogar los de las autoridades regionales y municipales, aprobando una reforma que limite el período electoral de los candidatos que resulten elegidos para el 2019 cuyo mandato concluirá en el 2022 en que tendrían lugar las elecciones generales. Igualmente creemos que la financiación estatal constituye un elemento fundamental para garantizar la participación de las fuerzas políticas en la contienda electoral, mediatizada en la actualidad por la injerencia del poder económico, que coloca en desigualdad de condiciones a las fuerzas que compiten en el debate electoral.
Sin hacernos ilusiones sobre las bondades de algunas de las propuestas que contienen las reformas electoral y judicial, consideramos que algunas de ellas pueden ayudar a incrementar la participación de los ciudadanos en la vida política utilizando para ello los medios legales y pacíficos de la confrontación político electoral, conjuntamente con la existencia de una mayor conciencia y control sobre la corrupción.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social