Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Una de las razones por las cuales los caleños le perdieron la confianza a sus gobernantes obedece en buena medida a que éstos se alejaron del cumplimiento de aquellas reglas y normas que deben caracterizar todos los actos del gobierno y de su gestión administrativa al servicio de los intereses de la comunidad en general y no del interés particular, lo cual se hizo notorio con el bochornoso incidente protagonizado por dos directores de escuelas de salsa, que además aparecen como contratistas y subcontratistas de CORFECALI, para realizar algunos de los eventos virtuales de la pasada feria de Cali y que finalmente llevaron a la renuncia de su cargo al director de dicha entidad, debido a las innumerables irregularidades en la contratación del evento.
En esta ocasión, el alcalde Ospina manifestó públicamente a través de los medios ser muy amigo de uno de los contratistas autores del escándalo público y propietario de un establecimiento (cabaret de salsa), quien no solo resultó lucrándose con la contratación, sino que en su establecimiento no se cumplían con los protocolos de bioseguridad exigidos por la secretaría de salud municipal. Circunstancia ésta que no impidió para que el director de CORFECALI estuviera departiendo en dicho establecimiento el día en que se realizó la inspección de control por parte de las autoridades respectivas, procediendo a imponer los comparendos de rigor y posteriormente el cierre del establecimiento por diez días.
Este hecho pone de presente la existencia de una relación que atenta contra la transparencia administrativa la cual deben preservar los funcionarios públicos, sobre todo estando de por medio relaciones previas de amistad que se advierten en todo momento y circunstancias, creando por lo menos la sospecha de que los amigos del alcalde gozan de ciertos privilegios por parte de la administración.
Así las cosas, queda en claro que el tan cacareado interés general invocado por la administración municipal no deja de ser más que una frase vacía sin mayor contenido, detrás de la cual se oculta el interés particular que termina siendo un privilegio especialmente si coincide con la clientela política y el pago de favores electorales.
Por otra parte, desde la VEEDURIA que representamos, rechazamos de plano el lenguaje lumpenesco de los protagonistas de este escándalo difundido por algún medio de comunicación radial, así como del show publicitario de aparente “conciliación” de los actores de este caso, con el cual se pretende minimizar y desviar la discusión con simples argumentos leguleyos, estando de por medio el aspecto fundamental que nos convoca como es el de la defensa del interés general que debe estar por encima de los intereses de los contratistas matizados de expresiones de amistad y otros elementos que van en contra de los principios y deberes que deben guardar los funcionarios públicos con fundamento en la moralidad pública y la transparencia administrativa.
A pesar de las críticas sobre la realización de dichos eventos de la feria y su costo multimillonario, no hubo en su momento ningún reparo por parte de la administración ni tampoco del Concejo Municipal o de la Contraloría cuyo control y manejo dejan mucho que desear desde el punto de vista de su eficiencia y confiabilidad, circunstancia que amerita una revisión a fondo de esta institución encargada de velar por la defensa del interés general y el manejo de los recursos públicos.
Los caleños de todas las clases y grupos sociales tienen el deber moral y político de organizarse para participar en la toma de las decisiones de las políticas públicas y del control de la gestión pública; única manera de acabar con estas modalidades de corrupción que se volvieron habituales en las últimas tres décadas, mediante las cuales se privilegian con cargos en el Estado y con contratos, a los amigos y electores del gobernante de turno, en lo que constituye un evidente despilfarro de los dineros públicos, decisiones que siempre van acompañadas de una extensa y farragosa argumentación para “justificar” dichas decisiones siempre revestidas de interés general y desde hace un tiempo con otra frase que se volvió muletilla: “reactivar la economía y promover el empleo”, tal como sucede con el costoso contrato de “mantenimiento y remodelación” de la Plazoleta de la Caleñidad o Plazoleta Jairo Varela con un costo de casi tres mil millones de pesos; o la remodelación una vez más del parque de los Periodistas sin que el gremio haya evaluado la inversión tan costosa en un lugar que lleva varias adecuaciones y mantenimientos, etc.
Esta situación que se vive en Cali constituye un desafío para el alcalde y su administración que despilfarran los recursos públicos, mientras el desempleo en la ciudad asciende al 19,7% del total de la población en edad y capacidad de laborar y la informalidad supera el 52%.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social