Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para algunos economistas y dirigentes políticos la alternativa de solución a los graves problemas que afronta la ciudad causados por la crisis económica y sanitaria, son susceptibles de resolver acudiendo al endeudamiento como la mejor forma para atender las necesidades derivadas del funcionamiento de la administración, el gasto público social y el pago de la creciente deuda que hoy tiene el municipio de Cali con el sector financiero, contraída por la administración anterior del alcalde Armitage con base en las denominadas vigencias futuras aprobadas por el Concejo Municipal para la construcción de una serie de obras de infraestructura vial y en el campo de la educación básicamente.
Ahora bien, el alcalde Ospina considera que la manera de reactivar la economía de la ciudad y recuperar la educación, la red de salud y el empleo es contrayendo nuevas obligaciones estimadas en 1.6 billones de pesos para cumplir con dichos objetivos.
En este sentido la administración municipal ha comenzado a realizar toda clase de gestiones ante el gobierno nacional, en la creencia de que le facilitará dichos recursos para la reactivación económica o le servirá de garante para obtenerlos de la banca privada, e incluso autorizando al gobierno municipal para emitir bonos de deuda pública y lograr de esta manera la reactivación de la economía municipal.
La verdad real es que “si por acá llueve por allá no escampa” tal como reza el refrán popular en tanto que el Estado atraviesa por una difícil situación fiscal y posee un colosal endeudamiento presupuestal que le impide refinanciar los proyectos del gobierno municipal e incluso a partir de las regalías derivadas de la explotación de los hidrocarburos y de la minería.
Y de ahí que esta iniciativa no deja de ser más que una ilusión existente en la mente del alcalde Ospina y que en la práctica resulta irrealizable en las actuales condiciones, con una crisis económica que al parecer se prolongará en el tiempo, mientras en otras regiones del país sus gobernantes también están demandando las mismas ayudas y créditos para financiar sus necesidades sociales y presupuestales.
La cuestión no es como la presenta la subsecretaria de Desarrollo quiien afirma “que basta con que el Concejo municipal apruebe la capacidad de endeudamiento del municipio para sacar a Cali adelante y su área metropolitana”.
Con todo y la voluntad política del alcalde Ospina y su equipo de gobierno, el hecho real es que el impacto de la crisis económica ha traído como consecuencia una parálisis de la actividad económica y social de la cual no es fácil salir, entretanto no se logre contener el avance de la pandemia del COVID-19 y reactivar de manera sostenible el aparato productivo para generar empleo estable y duradero e ingresos en el seno de las familias que perdieron con la crisis económica su capacidad de compra, lo que a su vez afectó directamente la producción de bienes y servicios, aumentando al mismo tiempo el desempleo formal en una proporción que no tiene precedentes en la historia económica del país y de la ciudad de Cali.
El camino a seguir en este caso no consiste en insistir en endeudar más al municipio en medio de la crisis, en tanto se deben examinar con cuidado otras alternativas de financiación del desarrollo económico y social acordes con las necesidades de los caleños, para lo cual se impone la revisión del Plan de Desarrollo abriendo las puertas de la participación ciudadana, con el fin de acordar conjuntamente algunas alternativas, después de haberse perdido un tiempo valioso y teniendo en cuenta que ha transcurrido buena parte del mandato Ospina que hace que sus planes y proyectos estén desfinanciados por causa de la crisis económica que vive la sociedad.
ADENDA: Lo sucedido en el kilómetro 18 de la carretera al Mar el pasado fin de semana, como los actos vandálicos de algunos grupos de anarquistas y terroristas, constituyen una demostración clara y fehaciente de como en la ciudad no existe un plan integral de Seguridad y Protección de los ciudadanos encaminado a controlar los excesos espontáneos de los manifestantes, y de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos legítimos a la protesta pacífica en contra de los abusos de las autoridades policiales que generaron toda clase de desmanes y victimas por su cuenta y de los vándalos que se infiltraron en las movilizaciones y con ello desnaturalizaron la protesta ciudadana, sin que el gobierno municipal asumiera su responsabilidad y deber de proteger la vida, honra y bienes de los caleños.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social