*Liliana Silva Duran
Psicologa
Pandemia, reforma tributaria, paro, bloqueos, juventud, gobierno, guerrilla, delincuencia, pobreza y miseria
La comunidad manifiesta un evidente descontento frente a un gobierno que no le representa, que de forma soterrada pretende decirle al mundo que los problemas del país vienen desde la llegada de la pandemia con el confinamiento, desconociendo un malestar social de tiempo atrás sin resolver; se observa un crecimiento de la pobreza en un país que en gran porcentaje depende de la informalidad, a su vez el confinamiento hace que se pierdan empleos y se bajen salarios que han sido estables. No obstante, se le presenta al congreso ( léase al pueblo ) una reforma tributaria dirigida a golpear a todos los estratos , especialmente a la clase media baja, en un momento de crisis social con necesidades reales poblacionales insatisfechas en salud, educación, vivienda, empleo, seguridad social, impuestos justos, sumado a un alto índice de corrupción.
Todo esto ha generado una explosión de la rabia contenida y que pone de manifiesto la indignación exacerbada del pueblo colombiano y a su vez posibilita una crisis gubernamental, así, se observa una situación multiplicada por las respuestas del gobierno ante las manifestaciones en donde se le ha dado un estatuto de “guerrilleros terroristas” a una ciudadanía y a una Colombia que se moviliza con reclamos válidos. Se observa cómo desde el gobierno y los medios se desea invisibilizar y deslegitimar la protesta con términos como “vándalos”, los crímenes de lesa humanidad lamentables ante cualquier circunstancia, los daños materiales, hechos y escenarios violentos dividen a la población entre bandos de “buenos, malos, criminales, terroristas o ciudadanos de bien” .
¿Cómo pedirle a la población mesura cuando se observa torturas y asedio por parte de la fuerza pública a sus manifestantes?, a su vez se observa ciudadanos que en aras de recuperar sus derechos empuñan las armas en ciudades en donde la falta de gobernabilidad y mala imagen de sus dirigentes posibilita el enfrentamiento entre el mismo pueblo, los argumentos peyorativos que derivan en detrimento de la percepción de la movilización, contrastan con lo que la ciudadanía percibe como los excesos de la fuerza pública, libertades nulas y falta de garantías con calles militarizadas que reprimen el derecho ciudadano y que a su vez conllevan a enfrentamientos entre la misma población.
Por un lado reclama derechos y por otro los pierde, en medio de un gobierno que goza de poca credibilidad y falta de consenso en sus anuncios, que ha llevado al país a la crisis de sus instituciones, (poder ejecutivo, policial, esmad, ejercito, entes de control y gobernantes) a la desconexión entre los mandatarios y la fuerza policial y que por tanto queda deslegitimado, hechos que las redes sociales visibilizan ante la comunidad internacional y que por supuesto generan rechazo a un gobierno que espera que sucedan los hechos reprochables para salir a dar respuestas poco creíbles.
Llama la atención las voces que corren sobre financiaciones oscuras de la protesta y posibles infiltrados que le corresponde al estado verificar; queda de manifiesto que el gobierno debe efectuar diálogos claros, sin disfraz, asertivos, honestos y transparentes, es decir, brindar “Garantías”, que permitan negociaciones, dar muestras de soluciones reales y voluntad política frente a las problemáticas que se han planteado en las mesas de negociación.
Manifestar ante la comunidad internacional el deseo de contribuir a la necesidad conjunta de superar las violencias, el poco acceso a derechos, a las oportunidades, la extrema pobreza que generan el estallido social en todo el país, propiciar escenarios de concertación con actores sociales y organizaciones regionales un desafío que solo podrá lograr en un reencuentro respetuoso con ellos que llevara al cese de la violencia y por tanto a lograr el avance del país.