Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En las condiciones del régimen capitalista el ejercicio de las formas y métodos de la democracia liberal adquiere unas veces un carácter estable y otras, inestable en función de los cambios que se producen en la vida económica, política y social, conservando siempre su naturaleza de clase.
No obstante que el sistema democrático ha adquirido a través de los tiempos un gran valor social y político, convirtiéndose en un medio muy eficaz para el ejercicio de la lucha política por el acceso al poder del Estado y de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, con la concentración y centralización del poder en manos del ejecutivo, se ha vuelto mas recurrente la tendencia a no utilizar las formas y procedimientos democráticos para resolver los asuntos del Estado y de la sociedad, en lo que podría calificarse como una manera de negar la propia democracia particularmente en las épocas de crisis económica y política que afronta en la actualidad el capitalismo global, agravada con la pandemia del coronavirus, los cambios climáticos, las guerras, el aumento de la pobreza y la desigualdad social.
Para algunos ideólogos liberales el ejercicio de la democracia se reduce al “libre juego político”, que conduce a la lucha competitiva por el poder del Estado, tras del cual se oculta el poder económico del gran capital, junto al cual participan otros sectores económicos y políticos con los cuales se realizan alianzas y coaliciones que surgen a la vida política bajo diferentes denominaciones que actúan como intermediarios entre el gobierno y las clases dominantes.
La base ideológica y política del sistema liberal la constituye el principio del “pluripartidismo” en el cual se apoyan las clases dirigentes para justificar su carácter democrático y cuya existencia depende en general de la heterogeneidad de las clases sociales, cuyos integrantes se enfrentan entre si en la lucha competitiva por el poder. En la actualidad dicho sistema está conformado por diversos partidos y movimientos políticos que han venido transformándose en la denominada “partidocracia”, que asegura el paso del pluripartidismo al monopartidismo, mediante el cual se consigue centralizar aún mas el poder en cabeza de un solo partido que domina a todos los demás, abriéndose paso las tendencias autoritarias y el desprecio por los principios e instituciones de la democracia liberal, que ya no constituye ninguna garantía para el ejercicio libre y competitivo por el poder.
Por su parte, la crisis institucional de la democracia liberal se rebela a través de la crisis del parlamentarismo, cuyos integrantes no representan ni defienden mas que sus propios intereses de clase, personales o de su clientela política-regional o nacional, que aprueba leyes y actos legislativos impuestos por las clases económica y políticamente dominantes, lo que conduce a que dichos actos normativos pierdan su carácter representativo y democrático.
En la medida en que el parlamento o congreso pierde peso político se refuerzan los poderes del ejecutivo y se materializa la “unión personal” entre el gobierno y los monopolios, conformándose una especie de “comité de negocios” en donde el Estado aparece como un apéndice orgánico del gran capital.
Ahora bien, al entregarse nuevas facultades al ejecutivo éste comienza a utilizarlos para restringir los derechos y libertades de los ciudadanos, al tiempo que se deja en manos de determinados órganos administrativos la facultad de dictar normas jurídicas y de asumir funciones de carácter judicial para investigar la conducta de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones económicas y sociales.
La división de poderes dirigida a cumplir funciones separadas pero colaborándose armónicamente tiende a desnaturalizarse en medio de la lucha política de las clases en el parlamento en donde se fija la política del régimen, en tanto que los órganos judiciales son cooptados por los partidos y movimientos políticos y el gobierno de turno.
Uno de los aspectos mas cuestionables de la democracia liberal lo constituye el régimen electoral, mediante el cual se le ofrece a los ciudadanos la posibilidad de escoger a sus representantes y gobernantes y participar en diversos eventos de interés general a través de los denominados mecanismos de participación (revocatoria del mandato, referendo, plebiscito, la iniciativa popular y normativa, la consulta popular, el cabildo abierto); todo lo cual transcurre en muchos casos bajo el imperio del soborno, la intimidación, la violencia, etc.
En Colombia el ejercicio de la democracia liberal no es ajeno al devenir de las condiciones y circunstancias históricas que ha vivido el país, particularmente en esta etapa de su desarrollo político y de la intensificación de la lucha social.
Tal como es conocido con la Constitución de 1991 se creó la posibilidad de que los ciudadanos intervinieran en aquellos asuntos de interés general a través de los denominados mecanismos de participación a los cuales hicimos referencia, además de poder escoger a sus autoridades locales y departamentales depositarias de un mandato que podrá ser revocado por sus electores con el lleno de ciertos requisitos legales, que por lo demás han hecho de la revocatoria del mandato un ejercicio democrático imposible de practicar.
A todo lo anterior se suma la actitud que asumió el ex presidente Santos frente a los resultados adversos del plebiscito convocado por su gobierno, mediante el cual se ratificarían los acuerdos de paz con la insurgencia de las FARC, circunstancia ésta que puso en tela de juicio la legitimidad democrática del sistema liberal.
En la actualidad desde las altas esferas del poder se busca torpedear el ejercicio de la consulta previa y popular a la cual se apela por parte de los ciudadanos que se oponen a la implementación de políticas que afectan el medio ambiente con la exploración y explotación de toda clase de minerales por cuenta de las multinacionales que operan en vastas zonas del territorio nacional con el beneplácito del gobierno de turno.
Mientras tanto en el seno del Congreso se ventilan una serie de iniciativas que tan solo apuntan a fortalecer el régimen, desprovistas de todo contenido social acorde con los verdaderos intereses y necesidades del pueblo colombiano.
La crisis de la democracia liberal con su carácter formal y limitado hace parte de la crisis del capitalismo global que cada vez pierde su legitimidad ante los ciudadanos que ya no creen en sus instituciones al servicio de los poderosos y de los privilegios de clase.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social