Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La inseguridad en la ciudad de Cali se ha convertido de tiempo atrás en un fenómeno recurrente agravado en esta ocasión con la crisis económica y sanitaria que afrontan la ciudad y sus habitantes, quienes por lo demás dicen “tener miedo” y a la vez “rabia” debido a que las autoridades hacen muy poco o nada por enfrentar a los delincuentes y ponerlos a buen recaudo de fiscales y jueces que proceden en muchos casos a dejarlos en libertad por diversos factores que determinan que las actuales instituciones tanto policiales como judiciales no están en capacidad de garantizar formal ni realmente la vida, honra y bienes de los ciudadanos tal como lo ordena la Constitución Política.
Entretanto el alcalde Ospina en medio de la protesta airada de varios grupos de ciudadanos que reclaman mayor protección de las autoridades, a raíz del crimen del señor Jorge Felipe Tobón, propone: “crear brigadas y redes de seguridad ciudadanas” para cooperar con la vigilancia y control que realizan las autoridades, todo lo cual no parece ser la mejor alternativa de solución en medio de la desconfianza ciudadana sobre las actuaciones policiales y judiciales que tienen lugar en el territorio de este Distrito.
Por otra parte, la idea de contratar los servicios de la vigilancia privada para suplir las falencias de las autoridades de policía, no deja de ser mas que un paso hacia la privatización del control y vigilancia del orden público y de la seguridad ciudadana con lo cual se desnaturalizará la esencia misma de este servicio público a cargo exclusivo del Estado y no de particulares.
Igualmente la idea de militarizar la ciudad es algo que tan solo cabe en la cabeza de quienes son partidarios de resolver los problemas de la comunidad con el uso de la fuerza, la violencia y el autoritarismo que tanto daño le ha causado a nuestro país y que recuerda los viejos tiempos en que se aplicaba el denominado Estado de sitio con su estatuto de seguridad con el cual se restringían arbitrariamente los derechos y libertades de los ciudadanos.
El hecho real es que las autoridades municipales están muy lejos de poder romper las cadenas interminables de los hurtos, atracos, asesinatos, extorsiones, secuestros, y demás modalidades delictivas perpetradas por organizaciones y delincuentes comunes, que hacen de las suyas en calles, semáforos y barrios de la ciudad.
A lo anterior se suma la actitud violenta e ilegal de algunos ciudadanos que ante la ineficiencia de las autoridades en la persecución de los delincuentes asumen la justicia de propia mano, generando un clima de inseguridad e inestabilidad institucional que riñe con la obligación de las autoridades de cumplir con su función constitucional de proteger a las personas e incluso a los delincuentes capturados o retenidos por los ciudadanos luego de cometer un hecho delincuencial.
El problema de la inseguridad va más allá de las simples propuestas antes mencionadas, en tanto que su tratamiento demanda de la puesta en práctica de una política integral en materia de seguridad, que debe ser discutida con los ciudadanos y que profundice en las verdaderas causas que la genera y que además impiden renovar los obstáculos que hacen prácticamente imposible el desarrollo de la función administrativa y policial, la cual debe complementarse con la aplicación de los principios de la descentralización de funciones y la autonomía e independencia de las autoridades municipales para conformar una nueva estructura de control y vigilancia del orden público y de la seguridad, además de la facultad de integrar un nuevo cuerpo de policía municipal que responda adecuadamente a las necesidades que en materia de seguridad reclaman los habitantes de Cali Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.
ADENDA 1. DIA DE LA TIERRA.
El pasado 22 de abril se celebró el día de la tierra, en medio de un deterioro de las condiciones naturales y de la expansión inusitada de los contagios y muertes por COVID-19. En tanto la administración municipal expidió un comunicado en el cual manifiesta lo siguiente: “cuidemos nuestra madre tierra ahora, para poder seguir viviendo mañana”. Deber este que atañe a todos por igual a fin de evitar la deforestación, la contaminación ambiental, escasez del agua, pérdida de los bosques, etc., cuidados estos que corresponden a sí mismo a las autoridades encargadas de ejercer el control y la vigilancia del entorno natural, frente a las transformaciones que se producen con el cambio climático, las inundaciones, la seguridad alimentaria, los procesos espontáneos urbanísticos y del uso del suelo y la minería ilegal, ante los cuales muy poco hacen nuestros gobernantes, mucho mas interesados en la defensa del interés particular disfrazado de interés social
ADENDA 2. PROYECTO DE ACUERDO 063. PAPAYAZO.
Las contribuyentes de los impuestos Predial e Industria y Comercio, esperaban que el descuento por pronto pago fuera equivalente al que la administración y el concejo otorgarán a los pequeñas y medianos empresarios o, por lo menos equivalente al 20% similar al de la vigencia 2020; en consideración a la caída de sus ingresos que fundamentalmente provienen del trabajo siendo aquellos los mas perjudicados.
El proyecto de acuerdo además de tener ilegalidades es “tramposo” porque los requisitos para acceder a un descuento adicional al 15% son condicionantes, lo que hace que los contribuyentes en su inmensa mayoría no los puedan cumplir.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social