Editorial
Ha aprobado esta semana el Concejo de Bogotá, una contribución de valorización por más de $900.000 millones de pesos, que dividió la ciudad, por este nuevo gravamen que según esa administración, busca desarrollar la nueva Bogotá.
La experiencia de Cali ha sido nefasta, tiene a la ciudad con una valorización con 10 años, que no ha podido cumplir con el 50 % de las obras en ejecución, agotó todos los recursos de la valorización
La experiencia de Cali ha sido nefasta, tiene a la ciudad con una valorización con 10 años, que no ha podido cumplir con el 50 % de las obras en ejecución, agotó todos los recursos de la valorización por la mala planeación y el municipio comprometido legalmente, a fondear las obras, tampoco puede, ni podrá ejecutarlas por falta de dineros.
El problema en ambas ciudades, es que la valorización tiene sobre sus hombros una pésima imagen, por qué gobiernos anteriores cobraron la forzosa contribución sin que se cumplirán presupuestos, ante la ausencia de diseños definitivos, las obras tuvieron mayor costo, suspendidas en el tiempo y en el caso de Cali, ni se pueden, ni se podrán construir.
La gran diferencia en Bogotá, es que el distrito capital tiene en ejecución todas las obras faltantes de lo que se cobró, también hubo devolución de dinero sobre obras que no se hicieron, en cambio en el caso de Cali, el municipio en el año 2008 (alcalde Ospina), no pudo por falta de la estructuración técnica del proyecto, contratar todas las obras faltantes y las administraciones siguientes Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage, tampoco lo pudieron a hacer.
Hoy Cali se encuentra amenazada por 120,000 cobros coactivos y 1000 embargos a ciudadanos contribuyentes, a quiénes se les pone contra la pared financiera inclusive embargando cuentas corrientes y cuentas de ahorro en los bancos, sin tener la posibilidad de observar en lontananza, la posibilidad del municipio de Cali de contratar las obras faltantes del plan 21 Megaobras.
La valorización indudablemente le ha servido a Cali para captar o financiar recursos para obras, tardíamente se han hecho, con sobrecostos y costos adicionales y como siempre los pacientes ciudadanos responsables con la contribución han cumplido, y han servido para que los proyectos de infraestructura respondan a una ciudad en progreso.
Lo que se tiene que estudiar, es la capacidad de pago, pues Cali no la tenía y ha sido sometido durante estos últimos 10 años a un proceso tortuoso de cobro y lentísimo de ejecución, donde los ciudadanos han podido probar el incumplimiento de la ciudad en las obras de mayor contenido social. Es la prolongación de la Avenida Circunvalación del Sur que toma la proyección de la comuna 20, atraviesa la comuna 18 como, llega a la comuna 22, pasando por el corregimiento de la Buitrera y aterrizando prácticamente al corregimiento de Pance. Los 110 km de rehabilitación de vías que hacen falta, es quizás lo más importante que necesita la ciudad, tener esa ejecución de la reconstrucción de vías, pero desafortunadamente aunque se captaron los recursos, hoy el municipio no tiene cómo hacerlos. Obras importantes ofrecidas a la comunidad, el puente de Chipichape y el puente de la 66 con autopista, han sido informada la comunidad por el secretario de infraestructura que no se pueden hacer por falta de plata. Esta es una situación muy crítica, coma que conlleva a que este instrumento en Cali quede totalmente desacreditado para financiar obras por la valorización.
Lo preocupante del municipio fue que los gobiernos no hicieron un manejo responsable de los recursos, ni de los diseños, presupuestos, ni de la planeación de las obras en el plan 21 Megaobras
Lo preocupante del municipio fue que los gobiernos no hicieron un manejo responsable de los recursos, ni de los diseños, presupuestos, ni de la planeación de las obras en el plan 21 Megaobras. Cali con este con este instrumento, podríamos decir que está decepcionado ante el engaño del municipio y su administración o mejor los contribuyentes se sienten burlados por el fracaso del sistema de valorización de la ciudad, ante la malversación de los fondos públicos que no pudieron atender la construcción de las obras con los recursos de la valorización.