Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La posibilidad de conseguir trabajo estable y duradero en medio de la crisis económica y pandémica del COVID-19, se ha convertido en una verdadera odisea en un país en donde por lo demás existe una alta tasa de desempleo e informalidad.
Para palear esta situación el gobierno del presidente Duque viene otorgando una serie de subsidios mediante los cuales el Estado con recursos del presupuesto nacional financia por ejemplo, con el 25% de un salario mínimo mensual por cada puesto nuevo de trabajo que se crea para los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad en cada a una de las empresas industriales, comerciales y de la economía de los servicios.
Así las cosas y de acuerdo con las estadísticas oficiales se han creado hasta este momento 77.574 puestos de trabajo con un costo aproximado de 23.195 millones de pesos, los cuales han comenzado a girarse a los empresarios que han vinculado nuevos trabajadores a sus empresas en las diferentes regiones del país (Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico).
Dicho programa de contratación de jóvenes es concurrente con el programa que ya venía funcionando con el pago porcentual de la nómina y de aquel establecido en la ley de inversión social (reforma tributaria) con la cual se crean nuevos puestos de trabajo para mujeres y adolescentes que podrán recibir un apoyo entre el 10 y el 15% de un salario mínimo mensual.
Dichos subsidios hacen parte de la política social del gobierno de corte asistencialista, con la cual se benefician mayormente los empresarios, mientras que a los trabajadores en general apenas se les garantiza el pago del salario mínimo con el cual continuarán enfrentando los rigores del alza de los precios de los productos, bienes y servicios que adquieren en el mercado, en tanto que su capacidad de compra siempre estará por debajo del valor y costo de la canasta familiar.
La pregunta que corresponde hacerse en este caso es si en el futuro inmediato se garantizará la estabilidad laboral una vez se suspendan los subsidios al empleo y a la nómina, dado su carácter temporal y aleatorio.
Desde ya algunos economistas han expresado la opinión de que la suspensión de dichos subsidios incrementará los costos laborales, lo que irremediablemente se podrá traducir en un mayor crecimiento del desempleo y de la informalidad, en condiciones mas gravosas para los trabajadores, con lo cual el propósito del gobierno de ampliar la cobertura laboral del país se vendría a pique con las consecuencias económicas y sociales, de empobrecimiento y desigualdad social.
Y de ahí la necesidad de luchar porque se garantice bajo diversas formas la participación del Estado en la economía del país con el fortalecimiento de la propiedad del sector público, con el fin de estimular el desarrollo de la producción social y de la economía de los servicios como la mejor manera de contribuir a la creación de una economía nacional propia e independiente del capital monopolista nacional y transnacional con el cual se construyan las condiciones necesarias para garantizar el empleo estable y duradero y el bienestar general, además de asegurar el trabajo como elemento esencial de la producción y la creación de riqueza para no estar simplemente dependiendo de los subsidios del Estado tal como sucede en la actualidad, generándose una cultura mendicante que atenta contra la dignidad misma de quienes en lo fundamental viven de las ayudas estatales, que se financian con los recursos del presupuesto nacional que pagan los contribuyentes y no precisamente con las ganancias que obtiene el gran capital como producto de la especulación financiera, los negocios que realiza con el Estado bajo diferentes modalidades y la explotación del trabajo
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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