Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
En la discusión, talleres de trabajo y conclusiones de las mesas de diálogo que fundamentaron los Acuerdos de Paz de la Habana, se abrió un capitulo, dedicado única y exclusivamente al modelo propuesto de tenencia y distribución de tierra, al cual se le dio el título de Reforma Agraria Integral.
Al leer detenidamente el alcance de la reforma propuesta, la duda generada es que no corresponde a una reforma con fines de un desarrollo económico agropecuario sostenible.
Contrariamente, se fundamenta en la entrega de territorio, a través de la figura de propiedades colectivas amparadas y enmarcadas jurídicamente internacionalmente ligado al Convenio 169 de la OIT (1989), que otorga derechos a territorios de los pueblos indígenas, y nacionalmente a la Ley 21 de 1991 y posterior Ley 70 de 1993, esta ultima reconociendo el derecho de titulación de tierras baldías de las cuencas de los ríos del Pacifico, conocida como Ley de Negritudes.
Sendos estudios de acreditadas instituciones académicas nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales han tratado de asociar la tenencia de propiedad rural con fenómenos de desigualdad, violencia y desarrollo económico sostenible. Sin embargo, los resultados confirman que la tenencia y distribución no son fundamento de factores de pobreza ni desigualdad que ameriten iniciativas de reforma agraria, como la propuesta en los Acuerdos de Paz de la Habana.
Colombia, considerado país con vocación agropecuaria está lejos de serlo. Se estima un potencial de 28 millones de hectáreas cultivables, de las cuales hoy apenas existen entre 5 y 7 millones explotadas técnicamente aportando al desarrollo económico del país. Los altos costos de producción han desestimulado la siembra de cereales, dando paso a importación masiva de sorgo, maíz, cebada y trigo. Los incrementos en aéreas cultivadas se centran básicamente en palma africana, caucho, reforestación comercial y huertas menores de 1 hectárea. Se ha subestimado el potencial frutícola, gran generador de empleo, con variedades exóticas tropicales y demanda exponencial mundial.
Una verdadera reforma agraria no puede fundamentarse únicamente en la tenencia de la tierra, sino en su explotación eficiente, competitiva, generadora de empleo y potencial exportable. Se requiere, además de capacitación y fuentes de financiación, distritos de riego, protección de humedales y cuencas hidrográficas, infraestructura vial secundaria y terciaria, solida estructura corporativa y administrativa de entes de regulación (corporaciones autónomas), fuentes de energía, mercadeo, protección medioambiental, planificación y diversificación de cultivos.
Las comunidades indígenas son el 3,4% de la población, sin embargo a los resguardos indígenas, se les ha entregado 34 millones de hectáreas, equivalente al 30% del territorio nacional. La población afro colombiana es el 10,62%, estimándose el 30% residen en las cinco principales ciudades. No obstante a las comunidades, especialmente del pacifico, se les han asignado 4.7 millones de hectáreas. Las zonas de reserva campesina disfrutan de 2. 3 millones de hectáreas escrituradas.
Estos tres grupos de propiedades colectivas suman 41 millones de hectáreas, el 40% del territorio nacional, convirtiéndose en los verdaderos terratenientes colombianos, sin la contribución a un modelo de desarrollo económico sostenible.
La reforma agraria integral y asignación de 10 millones de nuevas hectáreas, contemplados en los Acuerdos de Paz, disfrazada de desarrollo económico, es la entrega paulatina del territorio y soberanía nacional.