Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los problemas de inseguridad en Cali se pretenden resolver con simples medidas de tipo policivo, administrativo o financiero, cuyo objetivo se reduce al aumento del pie de fuerza policial, al patrullaje con fuerzas combinadas de policía y ejército, del incremento de los cuadrantes estacionarios o móviles, el aumento de cámaras de seguridad y la entrega de recursos del presupuesto municipal para atender las necesidades de transporte y comunicación de la policía, etc., medidas estas que muy poco han servido ni servirán para combatir el crimen callejero y organizado de las bandas criminales de delincuentes dedicados a la comisión de toda clase de delitos, incluso del tráfico de armas, de personas y de drogas.
Recientemente los concejales de la ciudad se reunieron con el ministro de defensa en procura de hacerle algunas propuestas sobre cambios en el manejo de la seguridad que a nuestro juicio no tienen por objeto remover los obstáculos que han dificultado la proliferación del delito en la ciudad y menos erradicar las verdaderas causas que determinan su crecimiento en vastos sectores del territorio municipal en donde generalmente viven las clases y grupos sociales mas pobres y vulnerables de la sociedad caleña.
El hecho real es que no existe una política integral en materia de seguridad que les permita a las autoridades municipales avanzar en la lucha contra la delincuencia, que por desgracia para los caleños se ha enseñoreado en la ciudad de Cali, a partir del crecimiento de la población que ha migrado de otras regiones a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo que tampoco encuentra solución en esta ciudad.
Lo peor de esta situación está por venir con los efectos de la crisis económica y sanitaria que invade a la municipalidad convertida en un caldo de cultivo para el aumento de la delincuencia y con ello de la inseguridad.
Ahora bien, siendo la inseguridad un fenómeno creciente en la ciudad de Cali, su tratamiento demanda de la implementación de una nueva política de seguridad, que permita introducir cambios estructurales y funcionales en la dirección, control y manejo administrativo y policial, con el fin de garantizar real y materialmente la descentralización de esta función pública a cargo del Estado, con la creación de un cuerpo policial de carácter municipal bajo la responsabilidad de la administración local, encargado de prever, disuadir y reprimir la delincuencia común que opera en las calles y en los barrios de la ciudad, en tanto que la investigación y persecución de las bandas especializadas en la ejecución de ciertos delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, etc., deben ser de la competencia de los órganos especializados de la policía nacional.
Los caleños no deben permitir que los problemas generados por el fenómeno de la inseguridad se salgan de los canales institucionales y de las manos de las autoridades, como ha sucedido en el pasado, cuando las bandas de delincuentes del narcotráfico se apoderaron de la vida, honra y bienes de los ciudadanos que el Estado tiene la obligación de proteger tratándose de derechos constitucionales fundamentales y condición esencial de convivencia y de paz social.
ADENDA: La mala calidad en la prestación del servicio de salud es cada vez mas evidente en la ciudad de Cali, hasta el punto de que el alcalde Ospina se vio precisado a denunciar penalmente a las EPS que actúan de manera irresponsable con las personas posiblemente contagiadas con el COVID-19, dilatando el resultado de las pruebas para determinar si están infectadas o no con el virus y en otros casos a cumplir con la obligación de proporcionarles un tratamiento adecuado en las clínicas. Y de ahí que desde la VEEDURIA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL solicitamos a los órganos de control de la ciudad, hacer un seguimiento estricto a esta situación con miras a que se sancione a quienes por acción u omisión ponen en riesgo la vida de los pacientes o de quienes demandan de atención médica, hospitalaria, farmacéutica, etc., por otras patologías.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social