Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de designar al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, ha generado en diversos medios de opinión toda clase de inquietudes e incertidumbres dado el alcance y la connotación política y jurídica que contiene dicha decisión, la cual se dió a conocer a través de las redes así: “el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado…, aún no se sabe toda la verdad… las haciendas de los grandes en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo; muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”.
Al respecto, Mancuso manifestó la necesidad de adelantar una negociación política, en tanto que el esclarecimiento de la parapolítica iniciado a partir del proceso de Realito aún no ha terminado.
Es sabido de tiempo atrás que la Corte Constitucional y la Corte Suprema han señalado en sus sentencias que la actividad paramilitar no tiene carácter político y por tanto no gozan de los beneficios que le otorga la ley para esta clase de conductas delictuosas.
No obstante, debe decirse que hay quienes consideran que sí Mancuso contribuye con la verdad para el esclarecimiento de los hechos sucedidos durante el conflicto armado, es bienvenido, e incluso con los beneficios de ser nombrado como Gestor de Paz-. Esto se haría según se dice, dentro del marco de la paz total ajustada a los mecanismos institucionales que garantizan la transparencia y la justicia.
La correlación de los fines y los medios para el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, etc., contando para ello con el nombramiento de Mancuso como gestor de paz), tiene de común lo que se expresa en la fórmula la fórmula maquiavélica de que “el fin justifica los medios”, lo cual considera admisible cualquier procedimiento a seguir. Está claro que para alcanzar cualquier fin son necesarios los medios respectivos. Sin embargo, no todo fin está justificado en sí mismo particularmente sí es antihumano o abiertamente contrario como en este caso, a los principios, valores y derechos que poseen los ciudadanos.
Ahora bien, si el fin está justificado como sería la legitimación de la defensa propia, de un tercero o de una comunidad, ello no significa que pueda prescindirse de todo principio en la elección de los medios utilizados. En la lucha contra el paramilitarismo la población no recurrió a la violencia a la que sí apelaron sus victimarios, más allá de la denuncia ante la justicia para enfrentarse a los crímenes atroces cometidos en su contra.
La fórmula según la cual el fin justifica los medios es inconsistente. En tanto que los medios de lucha utilizados por los paramilitares están determinados no solo por el fin que se propusieron sino también por las condiciones concretas para lograrlo entre las cuales ocupa un lugar importante la necesidad que tiene el Estado de emplear medios capaces para detener y paralizar a los promotores de dicha tragedia de violencia que padecieron amplios sectores de la población colombiana. Y desde luego, no se trata de rechazar los medios de la persuasión en la lucha contra el mal, lo cual no desnaturaliza la coerción cuando no es posible atender a aquella.
En todo caso, la decisión del presidente Gustavo Petro de investir a Mancuso como gestor de paz, poco o nada contribuirá con la consolidación de una paz estable, segura y duradera, en tanto se oculta la posibilidad de manipular políticamente los procesos de paz en medio del debate electoral que se adelanta, con lo cual los anhelos de paz se desnaturalizarán en medio de la lucha competitiva por el poder.
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