Ing. Claudio Borrero Quijano
ZUMBAMBICO
VENTAS MASIVAS ILICITAS DE BIENES DE USO PUBLICO PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE CALI, NEGOCIACIONES DE EJIDOS RURALES PROHIBIDOS EN LA LEY Y COMO SI FUERA POCO A PRECIOS DE GANGA
Análisis de cada matricula inmobiliaria:
NUMERO 370-137409: Área 74.375.000 m2 – 49 anotaciones – el municipio de Cali por escritura 907 de la notaria 3 de Cali tramitada por el ex personero Sergio Rivas Rentería quien recibió con el ex alcalde José Vicente Borrero en febrero 27 de 1.961.
Los antiguos baldíos o territorios nacionales de la nación, incrementaron el patrimonio público del municipio de Cali, al cederse a gratuidad y perpetuidad de dominio por las leyes 54 de 1.941 (sanciono el presidente Eduardo Santos) y la ley 175 de 1.948 (sanciono el presidente Mariano Ospina Pérez), se ratificó la cesión contenida en la resolución número 906 del ministerio de agricultura fechada en septiembre 3 de 1.960, los antiguos baldíos que fueron de la nación se localizan en los corregimientos la leonera, pichinde, los andes, pance, villa Carmelo, la buitrera, felidia, el saladito, la Elvira, la castilla, la paz, montebello y golondrinas (cuencas hidrográficas de los ríos aguacatal, Cali, Meléndez, pance, cañaveralejo y lili o de las piedras.
El 15 de julio de 1.968 por acuerdo municipal del concejo de Cali se entregaron para la administración los antiguos baldíos a invicali, condicionando cumplir las afectaciones ecológicas vigentes en esos bienes de uso público, tales como preservación de las fuentes hídricas, reservas forestales protectoras sustentadas en resoluciones 5, 7 y 9 vigentes desde los años 1.938, 1.941 y 1.943, preservación de las márgenes de ríos y quebradas, bosques de niebla y producción de oxígeno, santuarios de fauna y flora, etc…..
No faltaron ventas ilícitas como las que aparecen en las anotaciones de los registros inmobiliarios tramitadas ilícitamente en la oficina de instrumentos público de Cali.
Simplemente en esta nueva ratificación de mi denuncio publico identifico inicialmente los registros inmobiliarios números 370-137409, 370-137447 y 370-137448, apareciendo en la primera de las matriculas anotadas las irregulares “anotaciones” ilícitas por ventas que resumo como pequeño ejemplo áreas registradas de ; 11.173 m2, 18.853m2, 13.683 m2, 8.741 m2, 21.491 m2, 5.148 m2, 96.000 m2, 10.227,m2, 173.180 m2, 13.771 m2, 59.733 m2, léanse las anotaciones correspondientes 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 20 y 43 contenidas en el registro 370-137-132409, allí se leen pruebas fidedignas de los “prevaricatos” acostumbrados desde años atrás en la antigua invicali, ahora secretaria de vivienda social.
He solicitado investigación exhaustiva de estas “delictuosas prevaricaciones” permanentemente consuetudinarias realizadas desde las dependencias oficiales comprometidas en estos ilícitos ya sentenciados por unanimidad desde 33 meses y 13 días de desacato o fraude judicial del mandato de las superioridades jurídicas del consejo de estado y tribunal contencioso administrativo del valle del cauca, estoy remitiendo los fallos correspondientes a la justicia penal, de los expedientes de acciones populares sentenciadas favorablemente con sentencias favorables ejecutoriados originadas tanto en el consejo de estado (julio 26 de 2.015 radicado 76001233100020040065601), e igualmente la sentencia emanada del tribunal contencioso administrativo del valle del cauca fechada en abril 20 de 2.015, radicado 76001333101620090036001), entregue las identificaciones de cada uno de los 31.794 ocupantes ilícitos del área rural de Cali en sus trece (13) corregimientos de montaña, “pruebas reinas” que reposan en el expediente sentenciado favorablemente y cuyas copias recibió el superintendente nacional de instrumentos públicos doctor Jorge Enrique Vélez desde julio de 2.012, al igual que los altos funcionarios acompañantes a las audiencias celebradas en la oficina de instrumentos públicos de Cali en su debido momento, igualmente el superintendente asistió acompañado de representantes de la fiscalía nacional como la abogada Lilian Segura, léase en los documentos aportados la identificación de la totalidad de los acompañantes a la audiencia convocada por el superintendente de Colombia doctor Juan Carlos Vélez debatiéndose el componente judicial en trámite en esos años ante la justicia superior por mis denuncios contra ocupantes ilícitos de estos bienes de uso público municipales, muchísimos de ellos “latifundistas” ostentando títulos precarios viciados de nulidad absoluta en cualquier época, quienes aparecían como propietarios particulares de conformidad con las decisiones judiciales expedidas en la década de los años 1.940, dejo constancia de que la mayoría de los recientes minifundistas que no ostentan títulos de propiedad privada aparecen como “invasores” u “ocupantes inconsultos”, compuesto por familias humildes desplazadas a Cali por variadas razones sin conocimiento de las normas restrictivas que estaban y siguen vigentes, estas precisas informaciones reposan en los expedientes denunciados y fallados a mi favor después de numerosos años de investigaciones.
Dejo constancia de los desacatos o fraudes a las resoluciones judiciales por parte de nuestros dos últimos alcaldes de Cali e insólitamente cometidos por nuestros honorables consejeros de estado y honorables magistrados del tribunal contencioso administrativo del valle del cauca, quienes guardan silencio estando jurídicamente obligados a hacer cumplir estrictamente sus mandatos judiciales.
Señor alcalde de Cali norman Maurice Armitage Cadavid, tengo la obligación moral de reiterarle que el único representante legal del municipio elegido nítidamente por nuestros conciudadanos es usted, por lo cual para el caso de estos numerosos denuncios penales y de acciones populares que instaure desde diciembre 26 del año 2.007 y diciembre 9 de 2.009, ostentando a la fecha aprobadas las dos sentencias favorables unánimes debidamente ejecutoriado, decisiones tomadas con posterioridad al desmonte de los incentivos legítimos correspondientes al 15% del valor comercial de los bienes de uso público recuperados como lo fue en este caso juzgado desacatado y ejecutoriado desde el 6 de mayo del 2.015, decisiones tomadas por la superioridad jurídica que ha sido “desacatada” por usted y su antecesor el medico Rodrigo Guerrero Velasco, lo que está implicando un hecho de marca mayor en nuestra municipalidad, a donde nuestras elites sociales, políticas y económicas confabulados históricamente prescribiendo lo “imprescriptible” contra “indeterminados inexistentes”, cuando lo bienes inmuebles públicos del estado colombiano desde recién fundada la ciudad de Santiago de Cali, definido su perímetro municipal años después, sin olvidar que desde 1,559 la corona real española expidió nuestro “escudo de armas”, la cual precisamente es nuestro estandarte representado en los riquísimos recursos naturales y ecológicos en su integridad, adornado de nuestras fuentes hídricas que descienden acompañadas de aires maravillosos del pacifico, de las cumbres empinadas centinelas permanentes de nuestro crecimiento farallones de Cali, las cuales descienden rápidas vertientes raudamente al rio grande o de santa marta hoy conocido como rio cauca en homenaje al cacique regional,
Señor alcalde de Cali poseo todas las matriculas inmobiliarias del patrimonio público territorial del municipio de Cali sin actualizar por negligencia de su subalterno, con estos documentos usted puede verificar el porque me aprobaron las primeras sentencias favorables al municipio de Cali decisiones unánimes emanadas del consejo de estado y tribunal contencioso administrativo del valle, demostrándose la corruptela instaurada en la secretaria de vivienda social antigua invicali a donde jubilables no tramitan sus derechos laborales por supuesto encantados con la “chamba”, perpetuándose plena impunidad con esta clase de delitos señor alcalde, no podemos seguir tolerando este mercado libre de negociaciones ilícitas con la compra venta libre de tierras pertenecientes al patrimonio público del municipio de Cali.