Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero
Con la autorización de la secretaría de tránsito a los particulares para levantar croquis cuando se produzcan accidentes de tránsito, se inicia la privatización de dicha función cargándose sus costos a los infractores de las normas de tránsito que se vean involucrados en un accidente, sin lesionados o muertos o hayan cometido una infracción, además de tener que sufragar a los Centros de Conciliación los gastos por el trámite respectivo, valores estos a los cuales habrá que sumarles el pago de la multa por la infracción cometida, recursos que irán a parar a manos de los particulares ya que el municipio no recibirá ningún peso por dichos conceptos, con excepción de las multas, con lo cual se constituye una concesión graciosa autorizada por el Código Nacional de Tránsito en favor de los nuevos contratistas del municipio.
Y aunque la resolución No: 0484 del 9 de marzo de 2017 expedida por el secretario de tránsito no especifica en forma expresa el costo del croquis que elaboren los particulares en apoyo a las funciones de dicha secretaría, es lógico que las empresas particulares que se inscriban ante el Ministerio del Transporte para realizar esas actividades deberán cobrar por esa labor ya que no se entendería que inviertan en una costosa infraestructura como comprar drones con cámaras de alta resolución, softwares, etc, para realizar un trabajo que no pudieran cobrar. En este caso, las personas involucradas en el accidente o el conductor y/o propietario del vehículo son las que deberán pagar los costos de todo este proceso.
La “justificación” que hace el secretario de tránsito la sustenta en el hecho de que la dependencia a su cargo no dispone de la tecnología para llegar al sitio de los hechos en corto tiempo, elaborar los planos digitales y liberar la vía en pocos minutos, como tampoco cuenta con un Centro de Conciliación. Sin embargo dicha entidad viene aumentando en forma considerable los ingresos por las foto multas, dinero que debiera emplearse en dotar a la entidad con los instrumentos necesarios para cumplir con aquella función en forma ágil y oportuna.
El afán desmedido de la administración de contratar con particulares el ejercicio de la función pública hace parte de la política general de carácter neoliberal del denominado Estado contratista, que se alimenta de los impuestos y mantiene una fronda burocrática que no administra ni ejerce ningún control en la práctica sobre los recursos públicos que se dilapidan, eso sí, en estudios y “sobre estudios” de pre-factibilidad y de factibilidad, que van a parar a los anaqueles de los despachos oficiales, cuando no es que se pierden en medio de la corrupción que corroe la actividad público-privada que hace parte del establecimiento.
En todo caso los ciudadanos tendrán que estar atentos y vigilantes porque ya se sabe que buena parte de los recursos de las multas se irán a atender el “barril sin fondo” del MIO, cuyo fracaso se pretende ocultar con el estribillo de que “hay que salvar al MIO a cómo de lugar”.
Hasta cuándo se abusará de la paciencia de los caleños que hoy más que nunca se hace necesario que se pronuncien y protesten contra este estado de cosas, que agrava aún mas su situación económica y social y no les depara ningún beneficio individual y social ni un mejor futuro para la ciudad y sus habitantes?
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social