Paloma Valencia Laserna
Senadora de La República
Este Congreso que para muchos colombianos se perfilaba como un foro de debate que resolvería el ambiente de estigmatización que construyó el primer gobierno Santos, fue todo lo contrario. Recuerdo que la ciudadanía, incluso algunos columnistas, consideraron que la coincidencia de un expresidente prestigioso como Alvaro Uribe, el retorno de Serpa, Navarro, Viviane Morales, y muchas figuras jóvenes iba a terminar por crear un ambiente donde los asuntos serían discutidos y podríamos de ahí construir las soluciones para nuestro país. Sin embargo, este pasará a la historia como el Congreso que capítulo ante las instituciones democráticas y Republicanas. Este será el Congreso que destruyó lo poco de institucionalidad que se había construido.
Este es el congreso diabético de mermelada que cada vez más hambriento optó por dejar de cumplir su deber de controlar y limitar al ejecutivo. En un ataque de irresponsabilidad modificó las normas de participación ciudadana, sin siquiera sentir vergüenza de utilizar las mayorías para fijar ventajas para sus causas. No sintieron remordimiento cuando desconocieron las mayorías democráticas -que pese a las trampas ya aprobadas derrotaron los acuerdos. Este Congreso se saltó la decisión ciudadana y la suplantó. En un ataque de locura cedió los poderes que la Constitución y el Estado de Derecho le asignan y avaló un mecanismo donde el Congreso mismo se limitaba sus funciones y se las cedía al presidente, con el “fast track”. Un congreso absurdo que no tuvo vergüenza para suplantar la Constitución por una elaborada por el gobierno más desprestigiado de la historia de Colombia y un grupo terrorista, llevando al texto constitucional los acuerdos de La Habana. Un congreso que se atrevió a avalar un sistema de justicia que llevará a la nación a la peor polarización de su historia reciente.
La JEP no tiene nada que envidiarle al “comité de salud pública” de la revolución francesa. Desconoce cualquier principio del equilibrio de poderes y plantea un procedimiento diseñado para que las Farc puedan probar que Colombia tenía un Ejercito de asesinos y una sociedad de hampones. La “verdad” que saldrá de ahí será aquella que reivindique el accionar criminal de las Farc. Vaya pues lo que nos espera. En el debate prometían que los ciudadanos podrían no asistir a la JEP, que sería optativa; una mentira más. No puede existir un sistema de justicia opcional. Este nuevo engendro tendrá 86 magistrados, casi el doble de los que hoy tiene el país. Suplanta toda la justicia, la Procuraduría y la Contraloría pues asume funciones penales, disciplinarias y fiscales. No se rige con normas preexistentes, sino que además podrá ir expidiendo las normas procedimentales y seguramente sustanciales -cuando realice la armonización normativa con el derecho internacional-. Magistrados sin controles, nombrados por 5 sujetos que nadie conoce, que carecen de responsabilidad política o democrática. Cinco sujetos que ya se reúnen con las Farc; ¿para recibir instrucciones sobre la selección de magistrados?
Este es el Congreso que traspasó todos los límites, que será recordado por los excesos de burocracia y clientelismo. El Congreso sumiso al peor gobierno de nuestra historia -según los propios colombianos. Quedará también el escándalo de que ninguna institución se haya resistido ni haya por defendido lo que debía ser sagrado.