María del Rosario Guerra
Senadora de la República
La revolución digital llegó para quedarse. El objetivo es claro: sacudir procesos obsoletos con innovación, agilidad y precios bajos, y simplificar actividades de la vida diaria como tomar transporte, hacer mercado, alquilar una habitación de hotel o un sitio para pasar la noche.
Ese es el caso de algunas de las plataformas tecnológicas como Uber, Rappi o Airbnb, que son parte fundamental de los nuevos modelos de economía colaborativa, y que, además, están permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio. La manera convencional para la adquisición de bienes y servicios en muchas ocasiones ya no resulta atractiva para los compradores, quienes están buscando facilidad y rapidez en sus actividades diarias.
Recientes cifras del Foro Económico Mundial revelan que en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), entre el 0,5% y 2% de la fuerza laboral se encuentra vinculada a esquemas de economía colaborativa, y en España, por ejemplo, los negocios de este tipo aportan cerca del 1,4% al PIB. Para el caso de Colombia, la economía digital aporta menos del 3% al PIB, cifra bastante inferior al 6% en la OECD.
Esos nuevos actores de provisión de bienes y servicios en el mercado, han incrementado notoriamente la competencia con sus pares tradicionales, e indudablemente se han posicionado con fuerza entre sus usuarios. De allí que el debate acerca del uso de plataformas tecnológicas en el proceso de prestación de servicios debería centrarse en cómo aprovechar las oportunidades que brindan y no en las fallas que puedan tener, que por supuesto hay que corregir.
La solución a nuevos desarrollos y modelos de negocio basados en innovaciones tecnológicas, que no atentan contra la vida o la ética, no es su prohibición, pero si su regulación. Una que permita seguridad para los usuarios en el acceso y uso del bien o servicio, y respeto al marco legal que protege a los trabajadores vinculados a dicho servicio. Por supuesto que en muchos casos exige revisión de esas normas existentes para que puedan responder también a la nueva realidad tecnológica.
Las plataformas como Uber, Airbnb, Rappi o Merqueo hacen parte de la cuarta revolución industrial. Sería un grave error para el país evitar su avance, entre otras cosas, porque se han convertido en fuente importante de trabajo e ingresos para muchos hogares. Sólo en el caso de Uber, están vinculados cerca de 88.000 conductores, y 2.000 .000 de usuarios afiliados desde 2014. Para el caso de Arbnb, actualmente la plataforma cuenta con cerca de 21.600 anfitriones activos; y en Rappi hay 33.000 tenderos.
El anunciado cierre de la operación de Uber en Colombia es una alerta para que el Gobierno Nacional y el Congreso, revisen la normatividad actual y propongan un marco regulatorio que responda con garantías de seguridad para usuarios y prestadores del servicio, respete normas de tránsito y de espacio público, de competencia y tributarias. Es posible hacerlo como lo han demostrado Estados Unidos, México y Bolivia.
Por ejemplo, como parte de la regulación en Mexico, se creó una nueva categoría de transporte: “Servicios de transporte privado, solicitados a través de plataformas tecnológicas”, además, se estableció que los operadores aporten el 1,5% de cada viaje, a un fondo especial destinado a la mejora del servicio de taxis, arreglos en la malla vial y adecuaciones del espacio público de la ciudad. Más recientemente, el regulador impuso la necesidad de llevar un registro público y la verificación permanente de conductores y unidades que prestan este tipo de servicio.
Por supuesto que estas nuevas realidades de mercado que está redibujando la tecnología, llevan no sólo a que los incumbentes prestadores de servicios revisen su modelo de negocio, sino que el Estado actualice sus marcos normativos no sólo para poder prestar el servicio con plataformas tecnológicas, sino para cambiar, entre otras cosas, esa política de cupos para nuevos vehículos de taxis que tanta corrupción generó; y la del pago de ciertas tasas o contribuciones en el servicio hotelero tradicional.
Para cada servicio como transporte, hotelería o domicilios, por mencionar algunos, que se enfrenta hoy a innovaciones en la forma de buscar, reservar y entregar el bien o servicio, debe revisarse su regulación no sólo para que continúen esos nuevos modelos de negocio que han dinamizado la economía y beneficiado a tantos ciudadanos, sino para que a los prestadores tradicionales se les alivien las cargas y se les abra la posibilidad de competir en condiciones similares.
La nueva realidad tecnológica es difícil atajar, pero se puede regular.