*María del Rosario Guerra
No sorprende el informe presentado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en Colombia. A la posición sesgada sobre lo que ocurre se suman imprecisiones en las cifras, las cuales carecen de contrastación e incluso en algunas, no citan la fuente de las que fueron obtenidas. Pero más grave aún es que siendo un organismo internacional que se supone debe ser imparcial al momento de recoger la información y hacer las observaciones a que haya lugar, en ninguna de las 48 páginas del documento se da importancia a las víctimas que ha dejado esta horda de vandalismo y violencia. Ejemplo de ello, es la tangencial mención en el informe a la muerte de los dos bebés por cuenta de los bloqueos o la del ingeniero decapitado por un cable atravesado en una calle para impedir el paso de la Fuerza Pública. Eso sin contar los cientos de pequeños comerciantes a los que les han vandalizado o saqueado sus locales, o los que han tenido que cerrar o declararse en quiebra por los 60 días de agitación social.
También omite el informe destacar lo que han padecido los más de 1.560 policías heridos, muchos de ellos quemados con ácido y bombas molotov, otros atacados con machetes y armas de fuego, y tres que han sido brutalmente torturados y asesinados. Y ni qué decir de la patrullera que fue violada por vándalos en un CAI. Esos uniformados, también seres humanos de carne y hueso, no tuvieron cabida en ningún párrafo del informe. Extraña manera de relatar los hechos cuando unos actores son importantes y otros no; una narrativa claramente desigual, más aún cuando en el punto 59 del informe precisan que “el derecho a la vida, protegido por la Convención Americana es inviolable, y por su carácter esencial es la precondición de todos los demás derechos humanos”. Qué ironía. Pareciera que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo le preocupa el derecho a la vida de los manifestantes y no el de la Fuerza Pública, ni el de los bebés que no pudieron estar en los brazos de sus padres.
Debe quedar claro que ni la CIDH ni nadie puede venir a decirle o “recomendarle” al presidente Iván Duque ni al país que aplauda, permita y conviva con el vandalismo, la agitación social y mucho menos con los mal llamados “cortes de ruta” a los que se refiere el documento, que no son otra cosa que bloqueos (3.587 registrados entre el 28 de abril y el 7 de julio). Los bloqueos de vías no son ningún derecho sino por el contrario están penalizados en la legislación nacional, entre otras cosas porque atentan contra el derecho a la libre movilidad, afectan el sistema productivo y paralizan la generación y recuperación de empleos, que requerimos con urgencia en momentos de reactivación económica tras la pandemia. No se nos olvide que venimos de un pésimo año 2020 en términos económicos, con una caída del PIB de -6,8%, una tasa de desempleo del 15,9%, aumento en la pobreza monetaria a 42,5% y a 15,1% en pobreza monetaria extrema y la pérdida de 509.700 micronegocios, entre otras cifras negativas.
De otra parte, el informe también se fue lanza en ristre contra la Policía Nacional y el Esmad. Argumentan “uso desproporcionado de la fuerza” y “empleo indiscriminado de armas de fuego”, por lo que recomiendan prohibir el uso de las herramientas que les otorga la Constitución y la ley para mantener el orden público en las protestas. En este punto la CIDH pasó por alto que la violencia y el vandalismo han sido protagonistas de las manifestaciones, tanto que han sido necesarias 1.742 intervenciones del Esmad (entre el 28 de abril y el 7 julio), para garantizar la seguridad tanto de los que salen pacíficamente a expresarse en las calles como de los que no, y frenar las acciones violentas de esas pequeñas células que persisten en mantener la agitación social y la destrucción en las calles.
Vale la pena aclararle a la Comisión Interamericana que el artículo 218 de la Constitución Política establece que la policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil para preservar las libertades y derechos de los ciudadanos. Así que tan importante es la libre expresión que se puede ejercer marchando en las calles como el respeto al derecho a la libre movilidad. La Fuerza Pública fue creada para garantizar seguridad y orden, no para “matar, torturar o masacrar” como afirman algunos de su actuar, y que son esos 171.779 hombres y mujeres que integran la Policía Nacional los que han logrado restablecer el orden y el control en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, sitiadas por el crimen y el vandalismo, y los que han repelido esa nefasta y rechazable práctica de atacar y asesinar policías que impuso la llamada “primera línea”.
El Estado es responsable de hacer cumplir la ley, no de negociarla y menos con un grupo de delincuentes y vándalos que hoy reclaman reconocimiento político y estatus de negociadores. El mal ejemplo de querer negociar todo y con todos no puede continuar en el país a costa de pisotear los principios democráticos y el respeto a la ley. Tremendamente ingenuos los alcaldes Claudia López, Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, quienes parecen haberse dejado atrapar por las narraciones románticas de que la “primera línea” es solo un grupo de inocentes angelitos que no matan una mosca. Esa primera línea, como los que los siguen e incitan al caos, también han sido engrandecidos tristemente por unos medios de comunicación sin pensar que lo que buscan es arrodillar al gobierno para tumbarlo y amedrentar a la ciudadanía para que cedan a sus exigencias. Pero se les olvida que tantos años de violencia por narcotráfico, guerrilla, criminalidad organizada y delincuencia común le han permitido al país pararse firme para continuar defendiendo nuestras instituciones, a pesar de sus imperfecciones.
Estoy convencida de que el gobierno del presidente Iván Duque no se dejará maniatar y mucho menos distraer por un informe de un organismo con un sesgo ideológico de izquierda, que soslaya varios hechos de gravedad y que parece estar más del lado de los victimarios que de las víctimas. Colombia es un Estado de derecho en el que se garantiza y protege la manifestación pública pacífica, pero de no serlo la Fuerza Pública debe garantizar el orden y la seguridad.