Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La existencia de una Justicia tardía e inoperante parece ser la constante de la práctica judicial de algunos jueces y magistrados que eluden el cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales y legales de garantizar una “pronta y cumplida justicia” en favor de las partes que acuden a los despachos judiciales a dirimir sus controversias en materia judicial.
En este caso se trata de señalar lo sucedido con las demandas instauradas por la ciudadanía en general contra los acuerdos del Concejo Municipal que aprobaron el Plan de las 21 mega-obras, desestimadas por la justicia administrativa y que de no ser así hubieran podido favorecer los derechos de la comunidad frente a las violaciones a la Constitución y la ley que contienen dichos actos administrativos. Igualmente, varios propietarios y contribuyentes a quienes la administración del alcalde Ospina en el año 2008 les vulneró sus derechos al debido proceso en relación con la forma ilegal como se les notificó el cobro de la contribución de valorización por la ejecución de las 21 mega obras, también demandaron las resoluciones de liquidación y distribución.
Las decisiones judiciales proferidas después de casi 11 años, han puesto de presente la crisis de la justicia en momentos en que el ministro del ramo Wilson Ruiz radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo para modificar algunos aspectos del funcionamiento de la rama judicial esgrimiendo el mismo argumento de siempre “de acercar la justicia al ciudadano y de hacerla mas eficiente”, lo cual se traduce en un a frase de cajón que se repite regularmente. Mientras tanto se pierde la confianza en la administración de justicia más preocupada por el aumento de las plazas en las altas cortes y en promover la continuidad de la denominada justicia virtual, que contrariamente al propósito del ministro, aleja aún mas al ciudadano de la justicia y acentúa el incumplimiento de los principios, valores y derechos de los ciudadanos consagrados formalmente en la Constitución.
Por lo demás, las últimas sentencias proferidas por el Consejo de Estado en el caso de las mega obras, mediante las cuales se revocaron parcialmente las sentencias del tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al decretarse la nulidad parcial de las resoluciones demandadas atinentes a la distribución y cobro de las obras, dejaron un sinsabor en la conciencia de los caleños que esperaban que el fallo tuviera un alcance mayor en cuanto a declarar totalmente la ilegalidad e inconstitucionalidad de dichos actos administrativos.
Es necesario indicar que las decisiones del Consejo de Estado no tumbaron los Acuerdos Municipales de las mega obras tal como se dijo en algunos medios de comunicación. Lo cierto es que las decisiones emanadas del alto tribunal administrativo tan solo benefician a los demandantes que actuaron dentro de los procesos administrativos (propietarios de grandes superficies, entre otros).
Entretanto quienes pagaron la totalidad de las obras están en su derecho de exigir a la administración del alcalde Ospina proceda a reliquidar el costo del proyecto y a devolver el saldo por las obras no construidas. Así mismo la administración no podrá exigir el cobro de las obras a los contribuyentes cuyo pago se encuentre prescrito de acuerdo con las normas de los estatutos tributarios municipal y nacional.
Por lo demás resulta preocupante la actitud del alcalde, obstinado en terminar no solo las obras faltantes del plan de las 21 mega obras, cuyo costo supera su valor inicial, sino el de ejecutar aquellas obras consignadas en el plan de desarrollo, sobrepasando absolutamente las posibilidades económicas y financieras del municipio para cumplir con dicho cometido, lo cual de llevarse a cabo generaría un inmenso endeudamiento que seguramente se trataría de resolver con el aumento de mas impuestos municipales y sobre todo aplicando de nuevo el cobro de las obras por el sistema de valorización.
Desde la Veeduría que representamos, solicitamos al alcalde Ospina replantear el Plan de Obras que se ha propuesto adelantar y convocar los ciudadanos para que por lo menores, expresen sus opiniones al respecto, mas allá de que se puedan priorizar algunas obras de interés público para la ciudad y los caleños.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social