Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Colombia es un país descuadernado, gobernado por un rebelde. Sus actitudes desafiantes hacia la institucionalidad, norma y ley son aberrantes. Sus desplantes de impuntualidad hacen carrera. Deja metidos a dignatarios extranjeros, no asiste a invitaciones gremiales, se burla de las fuerzas militares en sus desfiles y desaparece por días, sin justificación alguna. Tiende cortinas de humo disfrazadas en marchas y protestas ante la incompetencia de su mandato.
Azuza un movimiento indigenista careciente de fundamento en peticiones. Incita a paros, bloqueos y mingas permanentes en las principales ciudades y vías del país, sin argumentos válidos. Los resguardos indígenas reciben cerca de $ 300 mil millones en subsidios para satisfacer, necesidades básicas, enaltecer su cultura, proveer educación, salud y vivienda. Son los verdaderos terratenientes del país, ocupando más de 35 millones de hectáreas adjudicadas, superando el 30 % del territorio nacional. No aportan al fisco nacional. Sus tierras no son gravadas con impuestos prediales. Tampoco están obligados a cotizar seguridad social para salud y pensión.
Pese a los enormes beneficios, se dan el lujo de transportarse por decenas de miles de personas por todo el territorio nacional en protestas al desgobierno, una afilada espada de Damocles. Tristemente y ante esta situación, los concesionarios viales del departamento del Cauca, optaron por la decisión de suspender la ejecución de las necesitada infraestructura vial. Situación que eventualmente podrá repetirse en todo el territorio nacional, paralizando el desarrollo socio económico del país.
Hace pocos días en desafiante y vandálica actitud irrumpieron en la sede de la revista Semana en Bogotá, sin conocerse, con precisión, sus peticiones y propuestas. Sencillamente, guiados e incitados, por quien sabe quién, arengaron, vociferaron y a sabiendas de la debilidad de la fuerza pública abandonaron el lugar, cuando se les vino en gana hacerlo.
El centro de Cali vivió un galimatías similar, a merced de otra minga, demandando vivienda ante una gobernación, que poco o nada, tiene que ver con la solución.
Quizás todos estos movimientos pretenden ocultar la verdad de una campaña presidencial permeada por el ingreso de recursos de dudosa procedencia, y que de paso excedieron los topes permitidos de campaña.
A diferencia del proceso 8000, el cual tuvo como foco de atención, el ingreso de recursos de los hermanos Rodríguez Orejuela a la campaña de Ernesto Samper, denunciados por Andrés Pastrana, en esta ocasión las denuncias vienen del hijo del presidente Petro. Una verdadera “implosión”. No corresponde a acusaciones de oposición, ni intereses ocultos. Es el relato de una persona de total credibilidad.
No se puede aseverar que el gobierno tiene sus días contados. El proceso 8000 no fue capaz de retirar al entonces presidente Samper y muy seguramente, en esta ocasión, los procesos irán más allá del periodo del mandato.
En esta ocasión, al cinismo del presidente se suma la rebeldía mostrada en todos los actos de su vida. Acudirá, como lo hizo ante su destitución en la alcaldía de Bogotá, a cortes internacionales, violando la autonomía constitucional que el estado de derecho nacional profesa. Mientras tanto continuará incitando a actos vandálicos, bajo el absurdo y equivocado pretexto, que la democracia está en las calles.
Afortunadamente, la institucionalidad de la Fiscalía, Corte Constitucional y Congreso, ha superado los primeros obstáculos de inestabilidad de un desafiante gobierno.
¿Rebeldía o Anarquía? es la pregunta nos hacemos los colombianos.